El marco jurídico penal ha tenido dramáticos cambios en los últimos tiempos. En junio de 2008 la reforma penal constitucional, en junio de 2011 las reformas constitucionales tanto de amparo como de derechos humanos y en materia reglamentaria la ley general de víctimas en enero de 2013, en abril del mismo año la nueva ley de amparo y el código nacional procesal en marzo de 2014. Estos cambios legislativos representan la oportunidad de transformación de la procuración, impartición y ejecución de la justicia penal en México.

Esta oportunidad de cambio no sucede en automático y entonces el reto está en el despliegue de políticas públicas y el rediseño institucional que permitan lograr el gran objetivo constitucional del sistema penal: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño.