Asesinatos y desapariciones de personas buscadoras
Los asesinatos y desapariciones de personas buscadoras provocan crisis al interior de sus colectivos, llevando a su fragmentación e incluso a su desaparición, también provocan periodos de cese de actividades de búsqueda en los estados. Otra manera de interpretar estos hechos es como mensajes del crimen organizado y autoridades coludidas para que cesen las búsquedas o las denuncias públicas.
“Las familias de personas desaparecidas en México afrontamos agresiones y riesgos derivados de las actividades que llevamos a cabo para la búsqueda y localización de nuestros seres queridos, así como, riesgos derivados del contexto de inseguridad y violencias presentes en todo el territorio mexicano. (...) procesos de estigmatización y discriminación constantes en nuestras comunidades derivadas de campañas y discursos que criminalizan y estigmatizan a las personas desaparecidas, por ende a sus familias y colectivos que les buscamos.”
Además de agresiones letales y desaparición de personas buscadoras, el diagnóstico elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expuso: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamientos, criminalización, ataques armados, labores de inteligencia vigilancia y seguimientos, estigmatización, deslegitimación, vulneración y exposición de datos personales y agresiones en el entorno digital y mediático.
Asesinatos de los que tenemos conocimiento zona norte:
- Miriam Rodríguez Martínez (San Fernando, Tamaulipas)
- Sandra Luz Hernández (Culiacán, Sinaloa)
- Nepomuceno Moreno Nuñez (Hermosillo, Sonora)
- Gladys Aranza Ramos (Guaymas, Sonora)
- Rosario Lilian Rodriguez Barraza (Elota, Sinaloa)
- Brenda Jazmín Beltrán (Ciudad Obregón, Sonora)
- Angela Meraz León (Tecate, Baja California)
- Rubi Patricia Gómez Tagle (Mazatlán, Sinaloa)
Desapariciones de las que tenemos conocimiento zona norte:
- Yesenia Guadalupe Durazo Cota. Desaparecida en Sonora
La disputa del control territorial por grupos delincuenciales
El número de casos de personas desaparecidas aumenta en la medida en que existen más conflictos y violencia asociada al control territorial (presencia de más de un grupo delincuencial que se disputa el territorio o bien que llevan a cabo advertencias y mensajes a sus contrarios a través de los asesinatos selectivos, desplazamientos y la desaparición de personas).
Foto: Miguel Zamora.
La presión a los gobiernos se observa en las líneas de tiempo desde dos polos: por un lado los políticos de alto nivel que hacen tratos con los grupos criminales y en un menor rango de poder las presiones sobre autoridades con cargos intermedios, que se encargan de atender la problemática de desapariciones.
Por otro lado, la detención de quienes ostentan el poder al interior de los cárteles ha propiciado su fragmentación y con ello el aumento exponencial de la violencia y la ampliación del repertorio de delitos a los que recurren las organizaciones criminales (caso de Sinaloa).
En el ejercicio de las líneas de tiempo por estado se mencionaron las siguientes organizaciones criminales que han tenido como práctica delincuencial la desaparición de personas:
Estados del sur:
Quintana Roo
- Cártel de Juárez
- Los Zetas
- Cártel del Golfo
- Cártel Jalisco Nueva Generación
Tabasco
- Entre 2016 y 2017, 3 principales grupos de crimen organizado que dominan en Tabasco: el cártel Jalisco en 11 municipios, el cártel del Golfo/remanentes de Los Zetas en 8 y el cártel del Pacífico en Centro.
- A partir de 2018, el grupo criminal denominado “La Barredora” comienza a predominar en el estado. En 2023, surgió una fractura que derivó en dos fuerzas antagónicas: una fracción autónoma y otra fracción presuntamente afín al CJNG.
Colima
- El CJNG selló una alianza con antiguos miembros de la casi extinta Organización Arellano Félix de Tijuana, que ahora actúan como agentes armados de Jalisco en Colima bajo el nuevo nombre de Cartel Tijuana Nueva Generación (CTNG). A su vez, Los Troyanos, brazo armado de la Nueva Familia Michoacana, también comenzó presuntamente a operar en Colima. Y se cree que algunas fichas del Cartel de Sinaloa aún tienen presencia en la zona. Se identifica la presencia de al menos 4 grupos criminales nacionales y Los Mezcales, una organización local.
- Los Alacranes
- Guerra entre el CJNG y su brazo armado local "Los Mezcales" (Cártel Independiente de Colima).
Chiapas
- Cártel de Sinaloa
- Autodefensas “El Machete” como respuesta a impunidad y cacicazgo local (Pantelhó).
- Disputa abierta entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por rutas y territorios en Chiapas.
- Cártel de Chiapas
Oaxaca
- Zetas
- Cártel Jalisco Nueva Generación
- Extorsiones gota a gota
Estados del Norte:
Coahuila
- Los Zetas: En 2006, el entonces gobernador Humberto Moreira otorgó el territorio de Coahuila a Los Zetas.
Tamaulipas
- En 2009, El Cártel del Golfo (CDG) mantiene el control territorial, pero inician tensiones internas con Los Zetas.
- En 2021,conflicto entre el Cártel del Noreste (CDN) y el Cártel del Golfo (CDG) por el control de carreteras.
- En 2025, el control del territorio se encuentra fragmentado: Cártel del Golfo en el Sur, disputa entre Cártel del Noreste y Zetas Vieja Escuela en el Centro, y guerra de facciones en la frontera.
Nuevo León
- Los Zetas
- Cártel de Sinaloa enfocado en lavado de dinero y operatividad de 16 grupos delictivos.
- En 2023 se dio el asentamiento de grupos específicos: Los Billys, Los Meza Flores y La Banda Explorer.
- En 2025, existió un predominio del Cártel del Noreste (CDN) y presencia del Cártel del Golfo (CDG), Zetas Vieja Escuela y Los Gatos.
Baja California
- Cártel de los Arellano Félix
- En 2020 inició una disputa violenta por el control de Tijuana, Mexicali y Ensenada por parte de la facción de Los Rusos.
- En 2025, el Cártel Jalisco Nueva Generación intensifica la presión política. En Ensenada se consolida control sobre la economía local y cobro de piso.
Sinaloa
- Cártel de Sinaloa con sus facciones “Los Chapitos”, “Los Guanos” y “Los Mayitos”.
- En 2021 se consolidó el Cartel Jalisco Nueva Generación en rutas estratégicas y operación de células locales de los Beltrán Leyva.
- En 2022, inició una rivalidad directa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control del tráfico de fentanilo y metanfetaminas.
- En 2023, Los Chapitos se consolidan específicamente en el negocio del fentanilo y El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una expansión territorial violenta.
Sonora
- En 2019 inició una violenta guerra territorial entre las facciones de Los Salazar (vinculados a Los Chapitos) y Los Rusos en la zona norte del estado.
- En 2024, Iván Archivaldo Guzmán prohíbe a las células Salazar, Cazadores y Paredes el tráfico de fentanilo para monopolizar su producción, provocando una ruptura definitiva con la facción de los Chapitos. De esta manera, se forma el Cártel Independiente de Sonora, integrado por las familias Salazar, Cazadores y Paredes, quienes aliándose a la facción de La Mayiza combaten a Los Chapitos en territorio sonorense.
- En 2025, se dio la incursión directa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Soyopa con el objetivo específico de controlar la producción minera de la zona.
- En 2026, se consolidan dos mega alianzas criminales en disputa por el control de rutas fronterizas: por un lado, La Mayiza, el Cártel Independiente de Sonora y los Beltrán Leyva; por el otro, Los Chapitos y el CJNG. La guerra abierta continúa entre las facciones de Los Mayos, Los Chapitos y Los Rusos.
La desaparición de personas como un delito normalizado junto con los asesinatos en las prácticas del crimen organizado
En los últimos años hay estados que sufren la reducción de los homicidios y al mismo tiempo aumento de casos de personas desaparecidas. Está situación obliga a formular preguntas como si el incremento de las desapariciones corresponde a planes criminales, a la complicidad entre estos y las autoridades para ocultar delitos y lograr impunidad o a la manipulación de las cifras por autoridades.
En algunos estados parece mucho más factible que el incremento de las desapariciones si corresponde a un plan deliberado, como lo señala la periodista María Idalia Gómez, quien plantea que las fosas clandestinas encontradas en Concordia, Sinaloa, responde a una “estrategia delictiva de los chapitos en la zona minera.
Una respuesta precisa sobre este patrón supondría investigaciones penales acuciosas, las cuales a la fecha no existen. A pesar de esto, en el ejercicio colectivo proponemos algunos criterios de investigación necesarios para poder comprender mejor la relación entre los asesinatos, feminicidios y la desaparición de personas en territorios con alta presencia del crimen organizado:
- Lograr grupos interinstitucionales entre las fiscalías especializadas (o áreas institucionales) que se encargan de los delitos de homicidios, feminicidios, desaparición de personas, secuestros y trata de personas, que investiguen patrones delictivos asociados que vinculen estos delitos.
- Caracterización de las organizaciones criminales definiendo los modus operandi para llevar a cabo los delitos señalados, evidenciando las situaciones en las que el plan criminal se orienta por uno de ellos y descarta los otros.
- Perfilar a las víctimas de los delitos señalados por territorios.
- Dilucidar los móviles y los intereses que tienen los diferentes grupos criminales presentes en el territorio.
Los hallazgos de fosas como un patrón común en todos los estados
Se puede leer en las líneas de tiempo la historia de predios y lugares que han sido y/o siguen siendo focos de búsqueda importantes en los estados:
- Fosas en San Blas y Tetamboca. Sinaloa (2008)
- Predio La gallina en Tijuana (2009)
- Fosas en el Ejido de Patrocinio, Coahuila
- Fosas en Puerto Peñasco, Sonora (2019)
- Fosas en el predio Santa Rosa, Colima (2019)
- Campo de exterminio La Bartolina, Tamaulipas (2021)
- Fosas en Hermosillo, Sonora (2024)
- Fosas en la Concordia, Chiapas (2024)
Levantar los contextos asociados a estos puntos es vital para lograr avances significativos en los hallazgos e identificación de personas desaparecidas.
El número de fosas clandestinas es incierto pues no existe el registro respectivo que es responsabilidad de la fiscalía general de la República, aunque de acuerdo con trabajos periodísticos o de organizaciones civiles se habla de miles de fosas clandestinas en el país.
Es importante señalar que en la búsqueda se han identificado por parte de familiares y sus colectivos lugares que han sido centros de reclutamiento y entrenamiento de los grupos criminales. Estos hallazgos son comunes y muchas veces aportan información valiosa para las autoridades.
Desplazamiento interno forzado como consecuencia de la desaparición de personas
Los estados del norte hicieron hincapié en la problemática de desplazamientos internos forzados en modalidades individuales y colectivas, como uno de los efectos de la desaparición.
El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones acompañantes, advirtieron sobre un incremento de casos de desplazamiento en distintas regiones del país, en un contexto de violencia e inseguridad que, sostienen, se ha intensificado en entidades como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Chihuahua. El 24 y 25 de febrero, en menos de 24 horas, más de 200 familias fueron desplazadas de manera forzada desde la zona serrana de la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, región colindante con Durango y Sinaloa.
Aunque los desplazamientos internos forzados son parte de la historia de algunos estados del sur como Chiapas, y que como se ha mencionado, sigue siendo parte de su presente. Durante el encuentro, los estados del sur presentaron su preocupación por el aumento de la extorsión y de los préstamos “gota a gota”, como prácticas de la delincuencia organizada asociadas a desapariciones.
En agosto del 2022 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la llegada a Cancún de los “montadeudas” o préstamos gota a gota, mediante los cuales se extorsiona a quienes por necesidad piden un préstamo a particulares o empresas de dudosa procedencia.
Bajo y restringido acceso a la participación de las familias en la implementación y seguimiento a las acciones institucionales en materia de desaparición de personas
El acercamiento a las autoridades y la vinculación en trabajos de búsqueda y/o investigación a través de mesas de trabajo depende de manera discrecional de las y los funcionarios, o bien del partido político que gobierna. Esto ha llevado a que no sean constantes, sistemáticas y periódicas. Asimismo, cada institución establece las reglas de participación en las mesas de trabajo lo que hace que en algunos casos se logren avances significativos y en otros no.
Foto: Miguel Zamora.
La excepción es el proceso de diálogo entre colectivos y autoridades que se ha mantenido durante más de una década en Coahuila. A finales de 2012 se acordó entre FUNDEC, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A. C. y el gobernador del estado la creación del Grupo Autónomo de trabajo (GAT) para facilitar el proceso de diálogo entre autoridades y colectivos de familiares de personas desaparecidas, mecanismo que se ha mantenido a lo largo de tres gobiernos locales.
El proceso consiste en reuniones trimestrales encabezadas por el gobernador en turno,con la participación del gabinete que tiene responsabilidad en el tema de desapariciones y la presencia de los ocho colectivos de familiares. En ese espacio se acuerdan temas de trabajo y grupos para atenderlos.
Todos estos años de trabajo permitieron que en 2025 el gobierno del estado haya adoptado el Programa en materia de desaparición de personas para el estado de Coahuila 2023-2029 así como el Programa Integral para mejorar la calidad de vida de las familias de personas desaparecidas en el estado de Coahuila de Zaragoza. Enero 2025.
Estos programas establecen responsabilidad para cada institución, los mecanismos de coordinación institucional, así como de seguimiento y evaluación.
Las acciones de incidencia internacional como mecanismo de presión para que las autoridades reconozcan la desaparición de personas en los estados
El comportamiento de las autoridades, principalmente de los poderes ejecutivos, va de la negación y nulo reconocimiento de la gravedad de las desapariciones en los territorios al reconocimiento de crisis (forense, de aumento de casos, humanitaria). No hay procesos graduales.
La incidencia internacional que realizan los colectivos con organismos y gobiernos provoca que el tema de las desapariciones sea parte de la agenda política en algunos estados y mayor diálogo y apertura con autoridades de todos los niveles.
Si bien la incidencia internacional más representativa ha estado a cargo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, tanto en Coahuila como en Nuevo León encontramos buenas prácticas:
En Coahuila:
2011: La visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de la ONU a Coahuila, detona las primeras reuniones formales entre el colectivo FUUNDEC y el gobernador Rubén Moreira.
2013: El colectivo FUUNDEM llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Ese mismo año, tras realizarse el Coloquio Internacional de Desaparición en Saltillo, el gobierno estatal apoyó formalmente la creación de una mesa de interlocución para el seguimiento de los casos.
2015: Gracias a la presión y gestión de los colectivos, se integró una consultoría de expertos colombianos para mejorar las metodologías de investigación de casos dentro de la fiscalía general del Estado.
Nuevo León:
2017: Con los esfuerzos de CADHAC, se firmó un acuerdo con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) y la PGR para la identificación de restos carbonizados mediante perfiles de ADN, asegurando colaboración técnica especializada.
2021: El estado recibió la visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, lo que permite evaluar directamente la situación en la entidad y fortalecer la visibilidad del problema frente a las autoridades locales.
La memoria en función de la dignificación de las víctimas
En todos los estados hay un trabajo de memoria importante para los colectivos que se realiza con o sin el apoyo institucional. Estas acciones están en crecimiento.
Sinaloa
- Barda de los 60 Rostros (2019)
- Jornada Nacional de Búsqueda, Estela de Luz CDMX (2024)
- Mural en la Catedral de Culiacán, 222 rostros (2025)
Coahuila
- El Buscador de la Esperanza (2022)
- Se designó oficialmente al Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) con el nombre de Blanca Isabel Martínez Bustos (2025)
Nuevo León
- Conversatorios y campañas de sensibilización en campus universitarios de Monterrey (2026)
Chiapas
- Memorial de parte madres en resistencia sobre víctimas de feminicidio, con las palabras de “Ni una más”.
- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto de 2023, asociaciones civiles emitieron un pronunciamiento público en el que, como familias buscadoras, reclamaron verdad, búsqueda y justicia para sus familiares desaparecidos.
- Las organizaciones sociales como: La esperanza de nuestros pueblos, bases de apoyo del Ejército de Liberación Nacional (BAEZLN), alertaron sobre el incremento de la violencia en Chiapas y el sureste, particularmente contra pueblos indígenas.
- Diversas organizaciones y/o asociaciones sobre la defensa de los derechos humanos así como familiares de personas desaparecidas han instalado memoriales temporales con fotografías, flores y velas en espacios públicos como la Plaza Catedral, para exigir justicia y mantener viva la memoria de sus familiares.
Colima
- Ante la inacción estatal referente a las personas desaparecidas, las familias se organizaron formando la Red de desaparecidos en Colima A.C., iniciando con ello, la presión hacia el Estado pues, entre otras cosas, las cifras sobre personas desaparecidas no cuadraba con las cifras reales.
- En Colima, donde fue construida y jamás utilizada desde hace más de una década, se apropiaron de la Rotonda de Colimenses Ilustres, a la que renombraron como “Plaza de las y los desaparecidos”.
Oaxaca
- Familiares de personas desaparecidas que integran el colectivo Sabuesos Guerreras sección Oaxaca colocaron listones de colores en el Árbol de la Esperanza en la explanada del Templo de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, para recordar que siguen esperando que sus seres queridos vuelvan a casa.
Tabasco
- El Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (Codehutab) y dos madres de familia que buscan a sus hijas desaparecidas realizaron una rueda de prensa en la explanada de la FGE para solicitar una audiencia con el fiscal general, Nicolás Bautista Ovando, para denunciar las irregularidades en los procedimientos de investigación.
Quintana Roo
- Los colectivos “Verdad, Memoria y Justicia”, “Madres Buscadoras de Quintana Roo” y otras buscadoras independientes, algunas de las cuales llevan años intentando encontrar a sus hijos, convocaron a todas las asociaciones civiles así como grupos de diversa índole para que todos se organicen a fin de rastrear a sus desaparecidos en todo México.
Las capacidades institucionales son insuficientes para la demanda de atención de casos que aumentan año tras año
Es común la saturación de las instituciones, semefos, fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda entre otras, que no dan abasto para responder a la demanda de acciones o a la atención y servicios directos que deben prestar.
Cargas de trabajo excesivas de 100 a 300 expedientes de desaparición asignados a un solo Agente de Ministerio Público, es un común denominador en los estados que tienen la mayor concentración de casos. Sumado a lo anterior el personal de las comisiones de búsqueda no es suficiente para garantizar las diligencias solicitadas de manera individual o colectiva. Red Lupa no encontró en la información pública ejercicios de programación y operación graduales que hicieran frente a la congestión de expedientes y carpetas de búsqueda e investigación.
Es común en los estados que la calendarización de búsquedas no se desprenda de ejercicios de planificación con participación de las familias. En este sentido las acciones obedecen a la presión de algunos colectivos que logran priorizar sus puntos de búsqueda o a la decisión de las autoridades de programar búsquedas en lugares donde tienen el control territorial. En varios estados se presentan dificultades para realizar búsquedas porque el estado no puede ingresar al territorio ya que los grupos del crimen organizado lo ocupan o bien lo transitan regularmente, lo que constituye una ruta de tráfico de personas, drogas o armas.
En los estados que concentran mayores extensiones de tierra y mayor dispersión de sus habitantes, así como rutas complejas de acceso y conexión con los centros, se hace necesaria la regionalización de la atención de las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda.
La Organización de Familiares en Colectivos como respuesta ante la baja actuación del estado
Ha sido visible y considerada como buena práctica la organización de los familiares de personas desaparecidas en colectivos. La labor de estas organizaciones de base ha permitido que los procesos para la búsqueda, investigación, verdad, justicia y reparación sean uno de los marcos legales más importantes en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, estas organizaciones han dado origen a un nuevo actor político que exige al estado actuación inmediata y sin dilaciones, coordinación y articulación, atención y acceso a derechos de las personas desaparecidas y las personas buscadoras.
Cuando los colectivos se fragmentan o desaparecen, las consecuencias son retrocesos y poco avance de las autoridades en la implementación de la ley y las políticas públicas en la materia. También se ha comprobado una mayor dificultad de las familias para denunciar o para participar en las búsquedas y en los procesos de investigación; lo anterior muchas veces ha sido tomado como una estrategia por parte de las autoridades para disminuir la presión y controlar la exposición pública que les obliga a actuar sin dilaciones y a cumplir con el debido proceso.
Un ejemplo de los anterior es que los estados del norte que tienen colectivos que no se han unificado son los que menos avances jurídicos han podido lograr:
- Se ha identificado que la respuesta de los gobiernos estatales hacia las familias y colectivos no es significativa cuando las voces permanecen fragmentadas. Esto se observa en Baja California, donde la respuesta institucional ha sido mínima y los avances jurídicos escasos; por el contrario, en Tamaulipas, la unión de los colectivos permitió presionar al Estado con una sola voz, logrando mayores resultados.
- Existe un desfase forense que conduce a la impunidad. A pesar de contar con diversos recursos, centros de resguardo y panteones, el volumen de restos es insostenible y el sistema se satura ante la cantidad de cuerpos, como ocurre en Baja California. Por ello, en estados como Coahuila la identificación sufre un retraso de décadas , mientras que en otros, como Sonora, las actividades forenses aguardan una espera indefinida. Ante esta situación, colectivos como Sabuesos Guerreras en Sinaloa o Grupo VIDA en Coahuila se ven orillados a aprender sobre antropología y criminología forense para tomar acción por cuenta propia.
Por otro lado, los estados del sur presentan pocos colectivos y pocas organizaciones sociales solidarias e involucradas en el tema. Esto aunado a la violencia que se vive en la zona fronteriza del estado de Chiapas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el CJNG.
No fue sino hasta el año 2023 que se fundó Madres en Resistencia Chiapas, integrada por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, quienes han denunciado públicamente la magnitud de la crisis de violencia y desapariciones en la entidad. De la misma manera, otro colectivo que ha acompañado de forma importante este proceso es Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Desaparecidos (Junax Ko’tantik), conformado por familiares de migrantes chiapanecos desaparecidos, quienes luchan por el derecho a la verdad, la búsqueda y la justicia.
En Oaxaca se conforma la asociación «Sabuesos Guerreras» para buscar personas desaparecidas. Realizan trabajo permanente para la localización de desaparecidos, a través de la difusión de espectaculares, folletos, comunicados y reproducción de fichas de búsqueda.
También se forma el colectivo “verdad memoria y justicia” en el estado de Quintana Roo que realiza búsqueda en vida, de campo y forense. El primero en su tipo en el Caribe mexicano.
