Durante años, la violencia se fue incrementando en la vida de Ángela. No empezó con ataques físicos. Empezó, como ocurre en miles de casos, con palabras burlonas, conductas controladoras, frases hirientes y control económico.  Continuó con agresiones verbales,  empujones, “golpecitos”, celos y aislamiento. Siguió con el uso de sedantes para drogarla y mantener relaciones con ella, sin su consentimiento. 

Y llegó a su clímax el 6 de marzo de 2021: Benjamín N estuvo a poco de quitarle la vida.

Esto se llama Tentativa de Feminicidio.
Nombrarlo así no es una exageración, es una obligación.

Una violencia sostenida en el tiempo

Angela y Benjamin N iniciaron una relación en 2013. Durante esta, él ejerció distintas formas de violencia contra ella. La descalificaba, la hacía sentir incapaz, inútil, “tonta” -psicológica-. La golpeaba ocasionalmente, la jaloneaba, la intimidaba -física-. Ella sostenía económicamente el hogar, mientras él le exigía más dinero (económica).

Con el tiempo, Ángela comenzó a notar algo más: despertaba con una sensación persistente de aturdimiento, torpeza, lagunas. Descubrió que él le daba sedantes para agredirla sexualmente.

Durante el embarazo y después del nacimiento de su hijo, la violencia no se detuvo, se intensificó.

La noche del ataque

En 2021, después de haber asistido a una reunión familiar, Angela y Banejamin regresaron a casa.

Durante la madrugada Ángela confrontó a Benjamín  tras descubrir mensajes de contenido amoroso entre él y una chica. La discusión escaló rápidamente.

Benjamín la tiró al piso, la inmovilizó con su cuerpo que es mucho más grande y fuerte que el de ella y comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza y el rostro. Después, colocó sus manos en el cuello de Ángela y empezó a presionar.

La asfixia por estrangulamiento es uno de los indicadores más claros de riesgo feminicida. 

Mientras Benjamín presionaba, Ángela en su intento por zafarse de él y salvarse, movió sus manos y encontró con una de ellas su celular que estaba tirado en el piso. Tomó el dispositivo y logró golpearlo en la cara, lo que hizo que Benjamín la soltara. 

Al lograr liberarse de él, Angela corrió hacia la puerta de entrada del pequeño edificio, pero la puerta que da a la calle estaba cerrada. Benjamín la alcanzó, la intentó regresar al departamento, pero ella logró aferrarse al barandal de la escalera y gritó por auxilio. Un vecino salió de su casa e intervino al ver la situación en que estaba Ángela. Aprovechando esta situación, Angela logra escapar de él y se resguarda con su vecino. Esta fue la única razón por lo que Benjamín detiene su agresión. 

Las lesiones y la respuesta institucional

Ángela fue hospitalizada varios días. Estuvo en riesgo de perder un ojo. Presentó contusiones craneales, lesiones en rostro y cabeza, marcas de dedos en el cuello, moretones en brazos y heridas por arrastre. Su rostro estaba tan inflamado que resultaba irreconocible.

Mientras tanto, Benjamín N envió selfies a su familia mostrándoles una herida en su rostro, construyendo una narrativa de “pelea mutua” o “riña” y minimizando los hechos.

En el hospital, a Ángela le recomendaron denunciar. La carpeta de investigación se abrió, pero fue clasificada inicialmente como violencia familiar. 

Ese encuadre ha marcado todo el proceso.

Cuando el Estado minimiza, la violencia se repite

El caso llegó al IMDHD y desde entonces, el camino ha sido largo y profundamente revictimizante.

“empezamos una investigación muy muy larga, hubo mucha revictimización para Ángela, un MP negligente y corrupto, perdió la Carpeta de Investigación durante casi un año. Luego no querían hacer las ampliaciones del dictamen de mecánica de lesiones y costó mucho trabajo para que la Fiscalía recabara las pruebas que se le solicitaban. Es por ello que tuvimos que hacer periciales independientes a los de la autoridad, en las cuales se determinó que la conducta de Benjamín sí había puesto en riesgo la vida de Angela”

Ximena Ugarte Trangay, abogada del IMDHD

No fue un ataque de ira, fue violencia feminicida

A lo largo de estos cuatro años Ángela, con el acompañamiento de las abogadas de la Organización, lograron reclasificar el caso como tentativa de feminicidio, revirtieron la resolución que les excluía sus pruebas y llegaron a juicio. 

Hoy el proceso se encuentra en su recta final, pero el riesgo persiste: que las autoridades, ahora judiciales, quieran clasificar el hecho como violencia familiar. 

Es el resultado de años de violencias acumuladas que desembocaron en un ataque con potencial letal. Es violencia feminicida.

La forma en que las autoridades nombran los hechos determina cómo se investigan, cómo se juzgan y qué mensaje se envía a las víctimas: si su vida estuvo realmente en peligro o si solo “se les fue la mano”.

Nombrar correctamente no es semántica. Es justicia.