Erika es madre de Rihana, una niña que en el 2017, cuando tenía 7 años, fue agredida sexualmente por el hermano de la entonces pareja de su madre. Cuando Erika denunció este abuso inmediatamente ante el Ministerio Público, empezó a generar tensiones con la familia de su ex pareja, y fue que en febrero del 2018, su ex cuñado golpeó a Erika causándole severas lesiones en su nariz y rostro.

Desde entonces, Erika y su hija fueron víctimas de abusos y violencia doméstica por parte de su ex pareja, situación que llevó a Erika a denunciar nuevamente los delitos de violencia familiar, lesiones y despojo.

Dado que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) ya estaba involucrado en el caso de Rihanna, decidió extender su apoyo a Érika y asumir su representación en el proceso penal. Finalmente, en el año 2022, se logró obtener una sentencia condenatoria de 5 años de prisión por el delito de violencia familiar, marcando un paso crucial en la búsqueda de justicia.

Sin embargo, al igual que en la gran mayoría de los casos que el IMDHD acompañaba, la determinación del monto de la reparación del daño se basó únicamente en los gastos respaldados por recibos o facturas, pasando por alto todas las otras consecuencias perjudiciales de carácter psicológico, moral y el impacto en el proyecto de vida de las víctimas.

Lo anterior, destaca la necesidad de una revisión más profunda y comprensiva de las afectaciones que sufren las personas más allá de lo económico, reconociendo las secuelas emocionales, morales y los obstáculos que enfrentan en la reconstrucción de sus vidas después de vivir situaciones de violencia.

Segunda sentencia

El 4 de septiembre de 2020, Erika se vio forzada a enfrentar una desgarradora situación como resultado de la violencia familiar que sufrió. Perdió su hogar y su empleo, además de sufrir las consecuencias de la violencia institucional, que se manifestó en la demora en el acceso a la justicia y la falta de una debida diligencia por parte de las autoridades.

Erika y su hija mayor, Ingrid, se sumaron a decenas de víctimas y sus familiares que, en busca de apoyo, ingresaron al edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicado en la Calle República de Cuba, en el corazón de la Ciudad de México.

El 8 de septiembre de 2020, la CNDH presentó una denuncia en la que señaló a cinco mujeres, incluyendo a Erika e Ingrid, como posibles responsables del delito de despojo. El camino hacia la justicia se volvió más complicado para ellas.

Sin embargo, después de un largo proceso, la CNDH finalmente les otorgó perdón el 30 de junio de 2021. No obstante, la verdadera validación de esta absolución tuvo que esperar hasta 2023, cuando un Juez de Control ratificó la decisión, brindando a Erika, Ingrid y las otras mujeres la esperanza de un nuevo comienzo tras haber enfrentado adversidades inimaginables.