Por: Edgar Cortez
La justicia penal en México nunca ha sido funcional y parece que la perspectiva futura es desalentadora pues para el presidente López Obrador no es una prioridad mejorarla, evidencia de lo anterior es lo que pasa con la prisión preventiva.
La prisión preventiva se ha usado para dar la imagen de efectividad, pues se detiene a muchas personas aunque eso no signifique justicia.
¿Qué es la prisión preventiva?
La prisión preventiva es una medida cautelar, es decir precauciones que el sistema penal puede tomar para evitar que la persona acusada de cometer un delito evada la justicia, asegurar que asista a las audiencias del juicio y, que no tome represalias en contra de quienes le han acusado o intente destruir evidencias. Cómo puede verse NO se trata de un castigo anticipado.
Desafortunadamente en México la prisión preventiva sí se ha usado como un castigo anticipado. En ocasiones cuando la mala investigación del Ministerio Público (MP) impide lograr la sentencia de un juez, algunos operadores del sistema de justicia consideran que al menos, mediante la prisión preventiva, se logra que la persona tenga un castigo. Peor aún cuando se le aplica a una persona inocente pues es un castigo inmerecido. La prisión preventiva también se ha usado para dar la imagen de efectividad, pues se detiene a muchas personas aunque eso no signifique justicia.
Una de las razones que alentó la reforma para transitar al sistema penal acusatorio fue el abuso de la prisión preventiva en el sistema inquisitivo, en ese entonces era prácticamente la única medida cautelar. La expectativa con la transición era que recurrir a la prisión preventiva sólo fuera en los casos estrictamente necesaria y que se privilegiaran las medidas menos lesivas.
El acuerdo final del texto de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación dejó fuera esa posibilidad, pues el artículo 19 constitucional estableció una lista de 6 tipos de delitos en los que no se revisaba y debatía la prisión preventiva, sino que los jueces quedaban obligados a dictarla de forma automática.
Fue una concesión para mantener la mediocridad argumentativa del Ministerio Público.
En 2019 el presidente López Obrador propuso una reforma para ampliar la lista de delitos a los que se debería aplicar prisión preventiva de oficio y entonces pasamos a 15 delitos con prisión preventiva obligada. Este incremento consideró delitos que estaban al alza como el “huachicol”, la desaparición de personas o el feminicidio, y la prisión preventiva permitía dar una falsa imagen de efectividad.
En las reformas presentadas por el presidente el 5 de febrero pasado, se propuso de nueva cuenta incrementar aún más el número de delito sujetos a prisión preventiva oficiosa. Tal parece que no se trata de mejorar la justicia sino de aparentar nuevamente.
Esta política de inflación de la prisión preventiva está en franca oposición a varios asuntos próximos a resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los que destaca el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso García Rodríguez y otros contra México, donde se ordena que se suprima este régimen obligatorio de la prisión preventiva y se determine la medida cautelar caso por caso, mediante debate y justificación de la misma.
Ver artículo en Iberopuebla.mx
El pasado 12 de abril conocimos la carta que enviaron cinco secretarios de Estado integrantes del gabinete de seguridad a la SCJN, en donde reclaman por los posibles efectos y consecuencias de suprimir la prisión preventiva. Estas son parte de las preocupaciones expresadas:
- Impactaría en casi 68 mil personas acusadas de delitos graves y que tendrían que ser puestas en libertad
- Una amenaza para la seguridad nacional pues son delincuentes del crimen organizado
- Dejarlas en libertad supondría el riesgo de que sigan delinquiendo
- Una saturación del sistema de procuración e impartición de justicia que traería más impunidad
- Afectaciones a las víctimas pues no tendrían acceso a la justicia
Hagamos un apunte de cada asunto. Respecto del impacto de las casi 68 mil personas, el impacto no es su liberación inminente sino que se deberá revisar la pertinencia de la medida y justificarla; al respecto se tendría que considerar una determinada programación para hacerlo.
Dar por sentado que todas las personas con prisión preventiva son parte del crimen organizado es muy cuestionable. De acuerdo con datos ofrecidos por la organización Elementa DDHH, “entre el 2018 y 2023 el 96% de las personas detenidas por delitos de drogas fueron privadas de la libertad automáticamente por algún delito relacionado con narcomenudeo”. Por tanto no estamos hablando de crimen organizado.
Dejar en libertad a las personas supone que sigan cometiendo delitos. Es posible, pero en realidad esta idea supone reconocer el total fracaso de nuestro sistema penitenciario para reinsertar socialmente a las personas.
Las afectaciones a las víctimas son una constantes y revisar en cada caso la prisión preventiva no parece ser trascendente.
En la carta también expresan preocupación en el sentido de someternos a un tribunal internacional. De nueva cuenta se pone por delante la idea de soberanía por encima de todo, olvidando que el Estado mexicano ha aceptado de forma voluntaria cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La prisión preventiva es una perversión de la justicia pues representa un castigo anticipado y sin juicio.
Es claro que el presidente López Obrador no tiene el propósito de reformar el sistema de justicia pues es una tarea ardua, de largo plazo y no da dividendos políticos inmediatos.
Esperamos que la siguiente administración federal reconozca la vieja demanda social de contar con un sistema de justicia eficaz e inicie los primeros cambios.