Durante las últimas semanas el Presidente López Obrador ha descalificado de manera reiterada al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Prodh), volviendo siempre en torno al mono tema de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa.
¿Por qué tanto encono de parte del presidente?
Posiblemente porque el Presidente quiere decir que cumplió con la totalidad de sus cien compromisos y uno que parece poco probable de lograrse es precisamente la desaparición de los estudiantes normalistas.
Para justificar ese fallo, el presidente quiere destruir la trayectoria del Prodh cuestionando su acompañamiento a las víctimas, su constante denuncia de violaciones a derechos humanos y del señalamiento de los perpetradores, así como de su permanente exigencia de justicia.
Pongamos en perspectiva el quehacer de este centro de derechos humanos. El Prodh se fundó en 1988 y para marzo de 1990 presentó públicamente un informe con las violaciones de derechos humanas cometidas en los primeros 100 días del gobierno de Carlos Salinas.
En los años siguientes el Prodh participó en numerosas observaciones electorales documentando los fraudes electorales que entonces se cometían. Uno de los estados donde se hizo observación electoral fue Tabasco.
En 1991 realizó la documentación de la explosión en la fábrica de plaguicidas ANAVERSA en Córdoba Veracruz, registrando las afectaciones a cientos de personas que vivían alrededor de esa planta.
Luego del levantamiento del EZLN en enero de 1994, el Centro Prodh junto con otras organizaciones, documentó las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de indígenas y militantes del EZLN. Posteriormente documentó algunos de los ataques a los municipios autónomos en Chiapas, particularmente en el caso de Taniperla (junio de 1998), en el que llevó la defensa de personas acusadas injustamente.
En 1997 el equipo del Prodh presentó “La Guerra Oculta”, trabajo que documenta la existencia de grupos paramilitares en Chiapas alentados por el ejército.
Ese mismo mes de junio de 1998 el equipo del Prodh fue el primero en llegar al Charco, Guerrero para documentar las ejecuciones de campesinos por parte de miembros del Ejército.
A partir de 1999 el Prodh mantuvo la defensa legal de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (Campesinos ecologistas), quienes fueron detenidos y torturados por miembros del ejército. Este acompañamiento se mantuvo hasta 2010 cuando se obtuvo una sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2001 el Prodh, junto con Lawyers Committee for Human Rights, presentó el informe “Injusticia legalizada”, trabajo pionero de análisis de casos penales donde se documentaba las múltiples fallas y violaciones a derechos humanos cometidas por las Fiscalías de Justicia en México.
Desde junio de 2002 el Prodh acompaña a Alicia de los Ríos en la exigencia de verdad y justicia respecto de la desaparición de su madre, Alicia de los Ríos Merino, sucedida en enero de 1978. El reclamo de Alicia y el acompañamiento del centro siguen al día de hoy.
En la parte final del gobierno de Vicente Fox se cometió la represión en Atenco en el Estado de México (mayo de 2006), ahí fueron detenidas 47 mujeres, de las cuales 26 fueron agredidas y 11 de ellas denunciaron tortura cometida por Policías Federales. Más de una década después (noviembre de 2018) las mujeres obtuvieron una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el acompañamiento del Prodh y a la fecha mantienen el reclamo que dicha sentencia se cumpla.
A partir de 2017 el Prodh acompaña a Ildefonso Zamora, ecologista del estado de México, en su lucha por el bosque y por justicia por el asesinato de su hijo.
El 30 de junio de 2014 fueron ejecutados 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México por miembros del ejército. En 2015 el Centro Prodh presentó la información que muestra órdenes del mismo ejército de “abatir” a los delincuentes. A partir de entonces se acompaña en caso para que se realice una adecuada investigación.
El mismo centro Prodh acompaña a las familias de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa desde los primeros días de su desaparición. Prácticamente 10 años de exigir justicia.
Estos son sólo algunos de los casos en que se acompañan personas y comunidades que exigen justicia, alto a la impunidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas. A lo anterior habría que sumar numerosos informes e investigaciones que han documentado la realidad de violaciones graves a derechos humanos e impunidad que prevalece en el país.
Este es parte del legado del Prodh y nadie puede negarlo, ni siquiera el presidente López Obrador.
En las conferencias mañaneras del 6 y 8 de marzo descalificó una vez más al Centro Prodh y dijo que no confiaba en ellos porque manipulan a las madres y los padres de los estudiantes, porque son sus enemigos junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la mañanera del 8 de marzo presentó el documento en que la Comisión Interamericana adopta medidas cautelares (4 de octubre 2014) en el caso de los estudiantes desaparecidos y lo hace aparecer como una especie de conjura en su contra porque lo firma el entonces secretario ejecutivo de la CIDH.
La CIDH siempre ha tenido la facultad de dictar medidas cautelares en casos graves y quienes las toman son las personas comisionadas y simplemente las comunica al Estado por medio de la secretaría ejecutiva. En el caso de Ayotzinapa no había conjura alguna, era el funcionamiento ordinario de la CIDH.
Señala también el presidente que ahí no se acusa en ningún momento al ejército y cuestiona por qué se ataca a la institución. Cierto que en ese documento no se señala al ejército porque no era resultado de una investigación sino simplemente que la CIDH insistía al Estado mexicano que atendiera la denuncia de las desaparición de los 43 estudiantes. Los señalamientos en contra del ejército fue el resultado del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A lo largo de numerosas conferencias presidenciales hemos oído de manera reiterada acusaciones en contra del centro Prodh basadas en una lectura sesgada y tramposa de lo sucedido, de esa forma resulta sumamente difícil discernir los hechos y las responsabilidades.
En estos tiempos de polarización casi total es imposible dirimir los diferendos, así que tendremos que esperar el paso del tiempo para saber qué legado prevalece. En mi caso estoy seguro que el del Centro Prodh seguirá siendo central en lo que se refiere a la creación de una cultura de derechos humanos en México.
Por – Edgar Cortez