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Perdidas, bitácoras del Operativo Blindaje Coatza

Vía: Jornada Veracruz
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Con diferencia de horarios pero en el mismo día Roberto Gallegos Osorio, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos y Elliaquim Alvarado Villafuerte son parte de los 35 casos de desaparición forzada, fueron privados de su libertad por elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Naval dentro del Operativo Blindaje Coatzacoalcos en 2014 durante el gobierno de Javier Duarte. Una serie de desapariciones documentadas dentro del Informe: «Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC)», elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.

El lunes 11 de mayo a las 15:45 horas, Roberto Gallegos Osorio y Jhonit Enríquez Orozco fueron privados de su libertad en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Sur, en Coatzacoalcos, Veracruz; un grupo de aproximadamente 10 sujetos, vestidos con uniformes de color azul, chalecos antibalas –que algunos testigos refieren que al menos un de estos decía «Fuerza Civil»–, pasamontañas y armas de grueso calibre, entraron al domicilio, golpearon a los jóvenes y, posteriormente, los metieron en una camioneta negra de vidrios polarizados.

Ese mismo día, unos minutos después –a las 16:00 horas–, Héctor Manuel Facundo Ramos fue privado de su libertad por un grupo de sujetos cuando se encontraba dentro de su domicilio, el cual se ubicaba de igual manera en la colonia Villas del Sur, en la misma ciudad de Coatzacoalcos. Los sujetos también se llevaron el celular de la concubina de Héctor Manuel.

Como a las doce de la noche (00:00 horas), Elliaquim Alvarado Villafuerte fue sustraído de su domicilio, ubicado en la colonia Nueva Obrera, en la multicitada ciudad de Coatzacoalcos; los sujetos también se llevaron los teléfonos celulares de la concubina y de la sobrina de Alvarado Villafuerte.

Unos minutos después, ya martes 12 de mayo a las 00:30 horas, José Manuel Cruz Pérez fue privado de su libertad cuando se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Constituyentes de Coatzacoalcos. Diversos vecinos advierten que a las 00:20 fueron vistas dos patrullas de Fuerza Civil y una camioneta pick up del otro lado de la calle, en frente del domicilio de José Manuel.

Como estos casos hay al menos 30 casos más «la mayoría de los casos sucedieron al interior de domicilios particulares, otros más ocurridos en el interior de negocios (taller/bar) y no fueron poco comunes los automóviles interceptados. En la mayoría de los casos se describen grupos de hombres armados con pasamontañas y, en ocasiones, se identificaban como elementos de la Fuerza Civil; otros más viajaban a bordo de camionetas de lujo o patrullas oficiales, antes y durante la privación de la libertad».

El 26 de mayo de 2014 se da a conocer el Operativo Blindaje Coatzacoalcos, el cual se anunció como el operativo de seguridad más importante en el sur del estado, y que tuvo como efecto el despliegue de 825 elementos estatales, federales y de fuerzas armadas adscritos a la SSP de Veracruz, a la Policía Federal, a la Sedena y a la Semar con la intención de reducir los delitos en dichos municipios y prevenir el crimen 160. Un día después, el 27 de mayo de 2014, el entonces alcalde de Coatzacoalcos Joaquín Caballero Rosiñol respaldó el anuncio del gobernador sobre la implementación del OBC y agradeció su apoyo para brindar seguridad a la población.

El OBC, de acuerdo con la propaganda del gobierno de Veracruz, incluía la realización de las siguientes actividades: Cerco de seguridad en la ciudad y municipios aledaños; refuerzo de la vigilancia a plazas comerciales y zona centro; patrullajes aéreos; patrullajes permanentes; puestos de revisión móviles y fijos; revisión a vehículos; detección de taxis piratas; retiro de polarizado en vehículos; contratación de más personal para atender el 066 y 089, números de denuncia ciudadana y emergencia; supervisión de centros nocturnos; mantenimiento de red de cámaras de videovigilancia y; supervisión de talleres mecánicos y deshuesaderos.

No encuentran las bitácoras de operativos

Durante el Operativo Blindaje contra la delincuencia ejecutado por varias corporaciones policiacas y militares en Coatzacoalcos durante el año 2015, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos no han encontrado bitácoras de las acciones, ni se han llevado a cabo diligencias en los centros de detención «clandestinos» que se tienen conocimiento en las bases de la Policía Naval y en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Duport-Ostión; los organismos urgieron al gobierno del estado y la Fiscalía establecer una comisión especial para investigar estos hechos.

A cinco años del arranque de este operativo, realizado por Javier Duarte de Ochoa, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha tenido avances en la investigación de la desaparición de 35 personas y solo se ha centrado en criminalizarlos pero no en encontrarlos.

Apoyados en investigaciones periodísticas, informes de seguridad y algunas investigaciones, refieren que durante el sexenio de fidel Herrera, Los Zetas se establecieron como los principales operadores en el estado y es en el sexenio de Javier Duarte, cuando irrumpe el grupo contrario «Los Mata Zetas» hoy Cartel de Jalisco Nueva Generación, aliados presuntamente de un grupo de élite de la Policía Estatal encabezados por el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

El informe señala que desde el año 2014 hasta el 2016, se dan los picos más altos de violencia, secuestros, cobros de piso y homicidio doloso, lo que da pie para que se implementen los operativos de seguridad de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Se exponen que en diversas solicitudes de transparencia, tanto la SSP como la Semar, no tienen registros de los operativos y filtros de control vehicular donde se detuvieron y desaparecieron a varias personas.

Derivado de estas desapariciones se han comenzado diversas averiguaciones previas tanto en el ámbito federal como local. Dichas investigaciones se centran en las desapariciones como hechos aislados y no como un conjunto de desapariciones forzadas cometidas en la misma ciudad y bajo la implementación del mismo operativo de seguridad.

Algunas de las personas desaparecidas fueron encontradas en otros puntos de la región, en fosas clandestinas o se mostraron como delincuentes que enfrentaron a elementos de la Policía Estatal, quienes los abatieron, pero la relatoría de hechos no coincide con lo referido por testigos de las privaciones de la libertad.

«En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz asegura que no cuenta con información sobre los operativos de seguridad anteriores a 2016, lo que implica que no posee información relevante para las desapariciones cometidas en el marco del OBC en el 2015. Por su parte, la Dirección General de Fuerza Civil asegura que fue creada mediante acuerdo en la Gaceta Oficial número 418, de fecha 20 de octubre de 2014, y que ha coadyuvado con la Secretaría de Seguridad Pública en diversos operativos en el municipio de Coatzacoalcos desde el año 2016. Nuevamente se omite información de 2015, además de que se tiene registro en comunicados de prensa del gobierno de Veracruz –y a lo mencionado por las mismas autoridades– que los elementos de Fuerza Civil participaron, desde su creación, en operativos de seguridad en Coatzacoalcos».

El documento señala que en todos los casos, las investigaciones estan incompletas y no se hamn revisado indicios de la participación de la Fuerza Civil, la Policía Naval y otras corporaciones, en lo que podrían ser desapariciones forzadas, registradas a cierto grupo de personas: taxistas, conductores de camiones, cobradores, checadores de transporte urbano, albañiles y mecánicos.

«En la mayoría de los casos se describen grupos de hombres armados con pasamontañas y, en ocasiones, se identificaban como elementos de la Fuerza Civil; otros más viajaban a bordo de camionetas de lujo o patrullas oficiales, antes y durante la privación de la libertad. En cuanto a las personas que fueron interceptadas en vehículos, en al menos dos casos, fueron vistas por última vez en un retén de seguridad o en un punto cercano al mismo, siendo detenidos por elementos de seguridad», refiere la conclusión del informe.

Aunque el organismo de derechos humanos logró identificar que de manera diaria se llevaban a cabo reuniones de seguridad, no hay bitácoras de los operativos, tampoco hay información sobre las cámaras de vigilancia que operaban en esos momentos, ni explicación como pudieron salir sin ser revisados por los retenes, las personas que estaban privadas de su libertad.

Dentro de las líneas de investigación que logran ubicar en este informe se encuentran las declaraciones y filtraciones que apuntan a que se usaba el Cereso Duport-Ostión y otros predios aledaños como una zona de desaparición de personas; también se tienen testimonios de policías que hablan de zonas de detención que operaban de manera clandestina en las bases de la Policía Naval, donde se llevaba a personas que eran privadas de su libertad en estos operativos.

«Resulta indispensable conocer la información con la que contaban y cuentan las distintas autoridades, la actuación de los diferentes cuerpos de seguridad y los mecanismos (formales e informales) que utilizaban, así como el comportamiento de los miembros de los grupos de la delincuencia organizada que operaban en la ciudad, sus alianzas e intereses».

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia refiere que la investigación que en algunos de los casos, elementos de Fuerza Civil han sido detenidos y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada, acontecidos en septiembre de 2015, en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos pero no se ha investigado ni ligado a otros casos.

«Las distintas corporaciones que se coordinaron durante la implementación del OBC no proporcionan información útil o fidedigna sobre su participación en dicho operativo. Al respecto, es indispensable que las investigaciones y las acciones de búsqueda se centren en obtener dicha información de manera detallada. Por el contrario, el mantenimiento de la red de cámaras de videovigilancia en Coatzacoalcos formaba parte de una de las actividades contempladas dentro del OBC, al igual que fue un tema central en el discurso de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y, sobre todo, del entonces presidente municipal de Coatzacoalcos. Este tema también es central debido a que, antes de las desapariciones en mayo y septiembre de 2015, las autoridades aseguraron que las cámaras instaladas ya se encontraban funcionando y posterior a las desapariciones el discurso cambió y se comenzó a hablar de porcentajes respecto al funcionamiento de las cámaras».

El informe refiere que los videos de las cámaras de videovigilancia de mayo y septiembre de 2015 no han sido aportados a las investigaciones ministeriales y que, de conformidad a lo aludido por diversas autoridades, dichas cámaras eran monitoreadas por la Policía Naval y la Policía Estatal, cuyos elementos son los acusados de ser responsables de las desapariciones forzadas en cuestión.

Este organismo hizo un llamado «a las autoridades, en específico a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se conforme un Grupo de Trabajo Interinstitucional para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, el cual cuente con la participación de las y los familiares de las personas desaparecidas y de la sociedad civil».

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