Carta a integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea (CPM)
Estimadas y estimados integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea (CPM).
En el año del aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos, cuatro meses antes de las elecciones para el Parlamento Europeo, y después del cambio del Gobierno en México, pensamos que es necesario fortalecer el diálogo de la Sociedad Civil mexicana con Legisladores en Europa y en el Parlamento Europeo.
El compromiso expresado por el Presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, por transformar al país, debe contemplar respuestas decisivas, adecuadas y efectivas del próximo gobierno para hacer frente a la crítica situación de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afecta a miles de personas.
Particularmente creemos que la nueva administración tendrá que garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de crímenes atroces cometidos en los últimos años. Aunado a lo anterior, se deberán adecuar o establecer políticas públicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Las organizaciones firmantes que trabajamos por la protección de los derechos humanos en México, les escribimos para solicitarle respetuosamente que, durante su visita a México del próximo 7 al 9 de febrero, puedan abordar los siguientes temas:
1. La militarización de la seguridad pública mediante la Guardia Nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar,” (Art. 129) y que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” (Art. 21). Sin embargo, el pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados mexicana aprobó las reformas constitucionales que establecerán una Guardia Nacional militarizada. El dictamen aún debe ser aprobado por el Senado.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, expertos, académicos y cientos de ONGs hemos criticado las reformas constitucionales propuestas en las audiencias legislativas antes de la votación. El informe del colectivo «Seguridad Sin Guerra» resume el proceso legislativo hasta la fecha. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continúa con la política de militarización de la seguridad pública, establecida por gobiernos anteriores, que ha demostrado ser una estrategia fallida tal y como lo prueban el incremento del uso excesivo e ilegal de la fuerza, la privación arbitraria de la libertad, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos graves.
El respeto a la ley, restablecer el orden y la construcción de paz, se pretende lograr repitiendo fórmulas que no dieron resultado en el pasado y que derivaron en agravios a la
sociedad civil, en el incremento de la violencia del país y en demérito del estado de derecho.
Solicitamos a la CPM que adopte una postura clara y contraria a la Guardia Nacional y a la militarización de la seguridad pública en su declaración final.
- Una Fiscalía General Federal de la República (FGR) autónoma, independiente y eficaz
El 14 de diciembre del 2018, entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Durante las mesas que llevaron a la redacción de esta nueva Ley, ONG´s y gobierno electo acordaron una serie de reformas constitucionales orientadas a mejorar la eficacia de la nueva FGR, en particular asegurar su independencia, autonomía y eficacia.
El procedimiento para elegir al primer Fiscal General de la República fue apresurado y cuestionado, debido a que no se consideraron las normas internacionales sobre mérito, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas; tampoco hubo escrutinio ni debate público.
Instamos a la CPM a incluir en su declaración un llamado a transformar realmente la FGR y aprobar las reformas constitucionales necesarias para garantizar su independencia y trabajo más eficiente.
- Desaparición Forzada
México vive una crisis de desapariciones forzadas y por particulares. Según cifras oficiales, al 16 de enero de 2019 existían 40.180 personas “desaparecidas o no localizadas”. Muchas desapariciones son cometidas por individuos o grupos criminales, pero se sabe que fuerzas policiales y militares, entre otras autoridades, son responsables directa o indirectamente de muchos otros casos, lo cual constituye desapariciones forzadas en el derecho internacional. Las desapariciones aumentaron abruptamente desde la militarización de la seguridad pública en 2006. La impunidad por estos casos es generalizada. Según cifras oficiales, sólo existen 12 sentencias condenatorias por el crimen de desaparición forzada a nivel federal.
En 2017 el Estado mexicano sancionó la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y por Particulares, luego de dos años de insistencia por parte de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la implementación de la ley hasta ahora ha sido lenta y deficiente: escasos recursos financieros, humanos y técnicos; protocolos y otros instrumentos legales inadecuados; escasa voluntad de consultar con los colectivos de víctimas, a pesar de que ésta es una obligación establecida en la ley; escasos o nulos resultados concretos en términos de ubicación e identificación de víctimas, así como justicia y reparación integral.
El gobierno del Presidente López Obrador se ha comprometido a priorizar la atención de esta crisis y ha anunciado que el 4 de febrero publicará un plan integral sobre el tema. Entre las asignaturas pendientes se encuentran: instalar adecuadamente el Sistema Nacional de Búsqueda; dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda de los recursos necesarios, así como un nuevo liderazgo seleccionado según los parámetros que establece la Ley General; desarrollar el protocolo nacional de búsqueda y reformar el protocolo nacional de investigación; atender la emergencia nacional en identificación de cadáveres,
los cuales suman más de 35.000 en fosas ministeriales y servicios forenses; y reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales. En términos presupuestarios, es preocupante que los fondos destinados a esta problemática descenderán un 14% en 2019 y que la Fiscalía Especializada a nivel federal recibirá 28% menos de su presupuesto, comparado con 2018. Más allá de la reducción nominal, es crucial que los recursos sean efectivamente ejecutados por estas instituciones en las acciones específicas que indica la Ley General.
Pedimos a la CPM incluir en su declaración un llamado la necesaria implementación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y por Particulares, tomando en cuenta las observaciones de las familiares de víctimas y organizaciones expertas acompañantes de este proceso, así como dotar del presupuesto suficiente para su buen funcionamiento.
- El Acuerdo Global México – Unión
La renegociación del Acuerdo Global sigue siendo un proceso que carece de niveles adecuados de transparencia, y la sociedad civil continúa sin tener acceso al documento que está siendo negociado. No hay espacios formales de consulta con la sociedad civil sobre los temas que están siendo discutidos.
Es imposible hacer comentarios específicos sobre el texto dada la falta de transparencia antes mencionada. Sin embargo, nos preocupa el probable desequilibrio del Acuerdo Global, que favorecería a los intereses de los inversionistas por encima de las comunidades afectadas y sus derechos humanos. La preocupación es que a los inversionistas se les otorgue protecciones sin imponer obligaciones con respecto a derechos humanos, ni mecanismos para garantizar dichas obligaciones.
Agradeceremos que la CPM se pronuncie a favor de la transparencia en el proceso de modernización del Acuerdo Global, y que previo a su ratificación, confirme que se hayan fortalecido los estándares de protección a la democracia y los derechos humanos. De lo contrario, se haga un llamado a revisitar el proceso de negociación.
- La Ley Minera
La Ley Minera vigente ha permitido que las autoridades pongan a disposición de las empresas las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, al considerar que la actividad minera es de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. El marco normativo mexicano permite la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos mineros.
La revisión de este marco normativo está en la agenda del nuevo gobierno.
Solicitamos que la declaración de la CPM incluya un llamado a hacer las reformas necesarias del marco normativo minero para que proteja los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas.
- Marco normativo que vulnera a los pueblos indígenas
Desde administraciones anteriores, el gobierno mexicano ha creado legislaciones a nivel federal y local con los cuáles vulnera los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, siendo el derecho al territorio el más afectado al privilegiarse su uso para la inversión nacional o extranjera. Un ejemplo de ello es la reforma energética, con la cual se obliga a las comunidades a rentar o vender sus tierras para facilitar proyectos de hidrocarburos o energéticos, todo ello sin una previa consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Recientemente, el nuevo gobierno también ha lanzado señales de alerta tanto con la aprobación de proyectos sin que existan estudios de impacto ambiental ni consulta con base a los máximos estándares internacionales, pero también con el lanzamiento de iniciativas que vulnerarían los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Tal es el caso de las iniciativas impulsadas por senadores de morena que buscan modificar la Ley Agraria para quitar la propiedad colectiva y seguir privilegiando la compra y uso de las tierras por parte de empresas.
Pedimos que la declaración de la CPM incluya el hacer las reformas necesarias respecto a este marco normativo, a fin de que las leyes dejen de permitir el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y que cualquier acto que pueda afectarles se realice una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, siempre respetando su derecho a la libre determinación.
- Comisión de la Verdad
El 22 de enero de 2019, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas y familiares de víctimas presentaron al gobierno una propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos. En dicha propuesta se planteó la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH) que pueda ser aprobada por un decreto legislativo. Ésta sería un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público y con cooperación de organismos internacionales. Poniendo a las víctimas y sus familiares al centro de todos sus quehaceres, la CVMH requeriría del acompañamiento técnico de la academia, de organismos nacionales e internacionales. Su período de estudio comprendería del 1º. de enero de 1965 al presente.
La CVMH tendría como objetivos:
- Esclarecer y reconocer graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado y otros grupos armados, ya sea de manera independiente o en colusión.
- Construir una verdad real que permita dignificar a las víctimas y acabar con la narrativa criminalizante sustentada hasta este momento a través de verdades oficiales.
- Servir de insumo para la persecución penal de perpetradores, para el diseño de programas de reparación para las víctimas, así como para guiar reformas institucionales que eviten la repetición de
La creación de la CMVH que establezca una narrativa global que impida la presencia de verdades divididas sobre los crímenes perpetrados en el pasado, que restaure a las víctimas en el disfrute de sus derechos y les reconozca la debida dignidad constituye una deuda pendiente del gobiernos mexicano con las miles de víctimas y familiares de la violencia que sacude al país desde mitades del siglo pasado.
En ese sentido, requerimos atentamente a la CPM que inste al gobierno mexicano a que instaure una comisión de la verdad con alcance nacional y temporal extenso con carácter urgente. Esto a efecto de empezar a debatir honestamente cómo y por qué fueron cometidos crímenes tan atroces y violaciones graves de derechos humanos tan alarmantes y, por ende, a reconstruir el tejido social de un México tan dañado.
- Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las actuales políticas de protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas son insuficientes. Tan solo en los últimos seis años han sido asesinadas más de 190 personas defensoras y más de 48 periodistas, seis de estas personas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección.
Actualmente México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, que dan cuenta del grave deterioro de la democracia y la crisis actual que padecen miles de víctimas. Tan solo en el pasado sexenio la violencia generalizada, sumada a la violencia política a causa de su labor, las ha colocado en una situación de riesgo, cobrando la vida de 184 personas Defensoras de Derechos Humanos y personas Periodistas1 por su labor, a los que se suman al menos 10 personas de estos colectivos que han sido asesinados desde la toma de posesión del nuevo ejecutivo.2
La violencia e impunidad imperante del más del 99% de los delitos cometidos contra
1 Comité Cerezo México. 184 Personas defensoras de DH ejecutadas extrajudicialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Primera edición, CDMX, 2018. https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3183
2 Espacio OSC. Urgente diálogo con el Estado mexicano frente a violencia contra personas defensoras y periodistas. 23 de enero de 2019 http://espacio.osc.mx/espacio-osc-urgente-dialogo-con-el- estado-mexicano-frente-a-violencia-contra-personas-defensoras-y-periodistas/
ambos colectivos,3 evidencian los retos a los que se enfrenta la nueva administración, siendo insuficiente la política existente que se limita al Mecanismo de Protección, por lo que es inaplazable la necesaria construcción de una política pública integral que atienda a las causas estructurales de la violencia hacia periodistas y personas defensoras, con participación de ambas poblaciones y organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con todos los órganos de gobierno, y que atienda a las obligaciones del Estado en materia de respeto, prevención, protección, investigación y reparación.
De acuerdo a información de la CNDH, desde el 2010 se han presentado 491 quejas relacionadas con agresiones a personas defensoras de derechos humanos.4 Sin embargo, en el informe Defender los Derechos Humanos en México: El sexenio de la impunidad5 de Comité Cerezo México, se registraron por lo menos 853 agresiones en contra de personas defensoras entre junio del 2017 y mayo del 2018.
Por ello, solicitamos a la CPM se pronuncie e inste al gobierno mexicano a fortalecer o crear nuevas políticas públicas de protección existentes, y con ello garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información y el periodismo.
En este sentido, es necesario que el gobierno federal y gobiernos locales:
- Reconozcan públicamente la labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y
- Investiguen y juzguen de manera autónoma y eficaz las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas, asi como la reparación integral de las víctimas, y así asegurar la no repetición.
- Aseguren la protección de periodistas y personas defensoras a través del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades operativas y técnicas del Mecanismo Federal de Protección.
- Mecanismo Internacional contra la Impunidad (MICIM)
Las organizaciones, académicos y expertos participantes en la discusión del MICIM consideran que los siguientes elementos deben ser la base para la discusión más amplia con sociedad civil, particularmente con víctimas para el diseño de una política pública integral de verdad, justicia y reparación del nuevo gobierno.
Por eso requerimos a la CPM que inste al gobierno mexicano para que cumpla el mandato de: Investigar y, en su caso ejercer la acción penal por delitos que afecten
3 Huffingtonpost, 99% de los crímenes contra reporteros quedan impunes en México según Artículo 19.Publicado el 6 de junio de 2018.https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/06/99-de-los-crimenes- contra-reporteros-quedan-impunes-en-mexico-segun-articulo-19_a_23452760/
4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_304.pdf
5 https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3063#Lee-el-informe-en-linea
bienes jurídicos relacionados con la libertad y la integridad personal y/o la vida en todas sus modalidades cuando se hayan cometido de forma masiva, sistemática o generalizada, así como los delitos vinculados a los mismos, incluyendo hechos o actos de corrupción, despojo de tierras indígenas, negocios lícitos o ilícitos impuestos de manera coercitiva, entre otros.
Es crucial que los gobiernos de la Unión Europea y México aborden sus obligaciones, las de sus empresas y las necesidades de las víctimas, muchas de las cuales requieren reconocimiento internacional y respaldo.
Las organizaciones firmantes, reconocemos su trabajo en la promoción del derecho internacional y de los derechos humanos, confiamos en que ambos parlamentos deben asumir un rol que exija rendición de cuentas de sus propios poderes ejecutivos, ejercer controles efectivos y no limitarse a sancionar o reformar leyes.
Les agradecemos su atención y les expresamos nuestra más distinguida consideración. Sinceramente,
Organizaciones Mexicanas: