En 2018, Andrea fue víctima de violencia sexual por parte de su ex novio, después de asistir a una reunión con amigos. Lo que siguió no fue inmediato: pasaron dos años de terapia psicológica y acompañamiento emocional antes de que encontrara la fuerza para denunciar. El 29 de mayo de 2020, decidió hacerlo.
Desde entonces, su caso no solo ha sido una búsqueda de justicia, sino también una evidencia de cómo los prejuicios y estereotipos pueden atravesar al sistema judicial.
Un proceso marcado por retrocesos
El 17 de junio de 2021, un Juez de Control vinculó a proceso al agresor. Sin embargo, el 24 de septiembre de ese mismo año, la Séptima Sala Penal (Tribunal de Alzada) revocó la decisión, argumentando que no existía “suficiente violencia física” para acreditar el delito de violación.
Andrea impugnó esta resolución mediante un amparo. En enero de 2022, un Juzgado de Distrito le dio la razón: determinó que el Tribunal de Alzada no había juzgado con perspectiva de género y que había utilizado argumentos discriminatorios y estereotipados.
A pesar de ello, el agresor impugnó nuevamente. En enero de 2023, un Tribunal Colegiado confirmó que Andrea tenía razón y ordenó emitir una nueva resolución libre de estereotipos.
El acompañamiento legal y una justicia contradictoria
En este contexto, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia comenzó a acompañar legalmente el caso en 2023, fortaleciendo la estrategia jurídica para exigir que las autoridades resolvieran con perspectiva de género y apego a derechos humanos.
En cumplimiento de la sentencia, en abril de 2023 el Tribunal de Alzada volvió a vincular a proceso al agresor. Posteriormente, en febrero de 2024, un Juzgado de Distrito confirmó nuevamente esta decisión.
Sin embargo, en diciembre de 2024, el mismo Tribunal Colegiado que previamente había reconocido las violaciones en el caso, resolvió en sentido contrario y ordenó emitir un auto de no vinculación a proceso. Esta decisión se tomó a pesar de que se trataba de los mismos datos de prueba ya analizados previamente.
Seis años buscando justicia
En enero de 2025, el Tribunal de Alzada acató esta orden y determinó nuevamente que no existía “suficiente violencia física”, reproduciendo los mismos argumentos que ya habían sido señalados como discriminatorios.
Desde entonces, Andrea, su familia y el IMDHD han interpuesto diversos recursos para revertir una resolución que ya había sido cuestionada por autoridades federales por violar sus derechos fundamentales.
Hoy, su caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se espera una decisión que no solo impactará su vida, sino que también puede sentar un precedente sobre cómo deben juzgarse los casos de violencia sexual en México.
