Por: Edgar Cortez
El pasado 26 enero la presidenta de la CNDH, Rosario Pieda Ibarra, presentó su informe anual de actividades y dicho informe no generó ningún interés público. La actividad de la CNDH resulta irrelevante para la suerte de los derechos humanos en el país.
El tono de dicho informe es de justificar su trabajo y reiterar que la CNDH construye un nuevo “paradigma” de los derechos humanos para atender las causas de las violaciones a los derechos humanos y entonces prevenirlas.
Esta afirmación no encuentra sustento en el informe y tampoco en lo que pasa en el terreno. No se conoce una acción trascendente de la CNDH que realmente prevenga de raíz las violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, la mayoría de sus recomendaciones están dirigida la Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no se conoce ninguna propuesta o trabajo con esa institución encaminada a garantizar el derecho a la salud de los usuarios.
Lo que sí hace es gestiones para resolver la mayoría de los casos que recibe, es decir la CNDH resulta una especie de oficina gestora pero no un actor clave para garantizar el derecho a la salud.
Otro de los rasgos de esta supuesta “nueva” CNDH es que ha presentado numerosas acciones de inconstitucionalidad, 87 durante el 2025. Pero sólo una tuvo que ver con leyes federales.
Las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas el año de que se
Aparte tomado de la página 16 del informe 2025
da cuenta fueron 87 que, sumadas a las de 2020 a 2024, representan el 67.31% del
total emitido por la CNDH desde 2007, con lo que se superó en solo seis años lo
realizado durante los 17 años anteriores.
Mientras se ampliaba el catálogo de delitos con prisión preventiva obligatoria, la CNDH ignoró esas modificaciones y dejó que se siga aplicando la prisión preventiva obligatoria, que es una abierta violación a derechos humanos que sufren miles de personas en el país.
Otra de las características de esta “nueva” CNDH es que carece de consejo consultivo luego de un diferendo con sus últimos integrantes, quienes renunciaron en octubre de 2023. El mecanismo de acompañamiento ciudadano previsto por la ley es inexistente porque se prefiere el poder unipersonal y sin cortapisas.
Mostrando estas y otras características, la señora Pieda Ibarra reitera la propuesta de que la CNDH se convierta en la defensoría del pueblo y que sus recomendaciones sean vinculantes. Argumentando que eso proviene de lo que estableció la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.
El artículo 1 constitucional establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”
Resulta difícil seguir el argumento de la CNDH que esgrime que esta reforma da pie a la propuesta de que las recomendaciones sean obligatorias. Más bien parece provenir de la pretensión de erigirse en una especie de tribunal de última instancia.
La señora Rosario Pieda Ibarra, actual presidenta de la CNDH, alude a la memoria de su madre Doña Rosario Ibarra de Piedra para intentar incrementar su trayectoria, pero olvida que las virtudes no trascienden de madres a hijas.