Foto: Raquel Maroño
Taller en Morelia refuerza herramientas de documentación de casos ante la crisis de desapariciones en Michoacán
En Michoacán, uno de los estados más golpeados por la desaparición de personas (actualmente está ubicado en el octavo lugar a nivel nacional en número de casos), las familias de víctimas continúan exigiendo respuestas en medio de la falta de voluntad política.

A pesar de que desde hace dos legislaturas, las familias de personas desaparecidas en el estado, invirtieron tiempo y energía en los diálogos para la armonización de la Ley General en materia de desaparición, el Congreso del estado no la ha publicado en el Diario Oficial, lo que mantiene en pausa su entrada en vigor. Esta omisión significa que las instituciones carecen de lineamientos básicos para atender la crisis: no existe un Consejo Estatal Ciudadano, ni un Sistema Estatal de Búsqueda, ni un Plan Estatal de Búsqueda, entre otras necesidades indispensables.
En este contexto, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Museo Casa Natal de Morelos, en Morelia, el taller “Documentación de casos como estrategia de búsqueda e investigación para familiares de personas desaparecidas y derechos de las víctimas”, dirigido a integrantes diferentes colectivos de víctimas, entre estos el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), y personas solidarias que acompañan su labor.

Objetivos del taller de documentación
El espacio, facilitado por Raquel Maroño Vázquez y Anaís Palacios Pérez, tuvo como finalidad fortalecer las capacidades de las familias en la documentación de casos y en la exigibilidad de derechos, mediante contenidos teóricos, metodológicos y prácticos. Entre los temas trabajados se incluyeron:
- Desarrollo de habilidades para documentar los casos con la información disponible.
- Estrategias para integrar expedientes que fortalezcan líneas de investigación y diligencias de búsqueda.
- Sistematización de información en bases de datos colectivas.
- Revisión de los marcos normativos: Ley General de Víctimas, Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Protocolo Homologado de Búsqueda, Protocolo Homologado de Investigación y Ley de Declaración Especial de Ausencia.
- Ejercicios prácticos de exigencia de derechos a través del llenado de oficios y solicitudes formales.
Un espacio de intercambio y fortalecimiento colectivo
Durante dos días de trabajo, las y los participantes se involucraron en dinámicas de integración, ejercicios prácticos de documentación (antes, durante y después de la desaparición) y sesiones de análisis colectivo que permitieron ordenar la información de los casos y reflexionar sobre su relevancia para la búsqueda y la justicia.

La metodología propuesta por el IMDHD, nutrida por experiencias internacionales y locales, permitió a las familias vincular sus expedientes con estrategias legales más amplias y reconocer la importancia de documentar cada hecho como herramienta para exigir respuestas de las autoridades.
Para Raquel Maroño, facilitadora del taller «fue muy enriquecedor compartir la metodología del documentación con familiares de personas desaparecidas y acompañantes solidarios de diferentes organizaciones de la sociedad civil»
Rueda de prensa para presentar la evaluación sobre desapariciones en Michoacán

El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem), junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. y la plataforma ciudadana Red Lupa, presentaron ante medios de comunicación los resultados del informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación de la Ley General en materia de desaparición, con especial énfasis en el caso de Michoacán.
Durante la sesión, Anaís Palacios Pérez y Raquel Maroño Vázquez, del Área de Investigación y Capacitación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expusieron el trabajo realizado por la Red Lupa: una plataforma digital de monitoreo ciudadano conformada por más de 110 integrantes en todo el país —entre víctimas, organizaciones civiles, académicas y especialistas—, que desde 2022 ha documentado y evaluado el cumplimiento de las leyes locales derivadas de la Ley General en materia de desaparición.