La desaparición de personas es un delito y un crimen contra la humanidad que constituye una profunda ruptura con los principios de los derechos humanos. Por la misma naturaleza continuada del delito, la desaparición pone a la persona desaparecida y a sus familiares en una situación de profunda indefensión. Por un lado, la persona desaparecida no puede ejercer acciones para defender sus derechos, al ser negada de su existencia y colocada en una situación de incertidumbre jurídica y social1 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 98.; por otro lado, la familia se enfrenta, además de la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido y no saber si está en riesgo o no, a una serie de obstáculos en el ejercicio de sus derechos humanos y el desarrollo de sus proyectos de vida. Esto trastoca las dinámicas del núcleo familiar de las personas desaparecidas y genera un gran número de problemas.
En primer lugar, usualmente desaparece quien tiene el rol de proveedor o proveedora dentro del núcleo familiar. Esto sucede en México, y se comparte en general en Latinoamérica. Quien desaparece es la persona titular de los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles, como las casas donde viven o automóviles con los que se transportan; de las cuentas bancarias, donde se encuentra el ingreso que da sustento a las y los miembros de la familia; de los regímenes de seguridad social que garantizan el acceso efectivo al derecho a la salud; etc. En palabras de Luz Marina Monzón, desaparece “quien es el interlocutor ante estos interrelacionamientos que van permitiendo a las personas ir desarrollando un proyecto de vida y responder por un núcleo familiar”.
Además, ante la situación de incertidumbre sobre su paradero, las familias de las personas desaparecidas se abocan a buscarlas. Esto provoca que la búsqueda tenga una especial centralidad en la vida de las familias, cambiando los ejes, las prioridades y las necesidades de las y los familiares. Así, en ocasiones, la desaparición empuja a las familias a mudarse para poder buscar al ser querido, a veces dentro del país o, como sucede en el caso de personas migrantes, incluso a otros países si la situación lo permite; también orilla a familiares a dejar de trabajar y, al mismo tiempo, a que otros miembros de la familia salgan a buscar ingresos. En el segundo conversatorio Alejandra Diaz expresó esto último de forma muy clara:
El tiempo, el tiempo es otro elemento importante que se ha venido repitiendo, no solamente en esta familia, sino con muchas, en términos de dedicarle una parte muy importante y dejar de lado la parte laboral. Ese ha sido un impacto que personalmente he tenido que asumir con cada una de sus consecuencias.
María Elena también lo manifiesta así, pero con el extra de que el estigma de la desaparición hizo que la despidieran:
Mi hijo, era trabajador, él es soltero, sin embargo aportaba en la parte familiar, no era el sostén de la familia, pero sí era aporte. Pero bueno se viene mermando toda esta situación porque yo trabajaba, también aportaba, sin embargo, después de la desaparición de Hugo, tuve que dejar mi trabajo. Más bien no tuve que dejar mi trabajo, desgraciadamente también en el trabajo a una la victimizan, la ven a uno como en que algo andaba y por eso la desaparición, y a mí me despiden de mi trabajo.
De igual forma, es común que una persona de la familia se dedique a la búsqueda y otra a llenar el papel de proveedor o proveedora que tenía la persona desaparecida. Esto afecta la atención que se les da a otros integrantes del hogar, como a niñas, niños y/o adolescentes. María Elena de nuevo es muy clara:
Pero bueno, como les comentaba, Hugo es soltero, no dependíamos completamente de él, pero hay casos en que las compañeras, quien busca bueno es la mamá, pero la esposa tuvo que asumir ese rol, ese rol de proveedora, ese rol de tener que salir a trabajar y dejar a sus hijos pequeños, ya ahorita unos jóvenes, que muchos han desertado de las escuelas por no tener esta protección del papá.
Además, las familias de las personas desaparecidas sufren, entre otras situaciones, vulneraciones que se manifiestan en la negación de ciertos beneficios y derechos económicos, sociales y culturales: una pensión, salarios sobrevinientes, garantías de salud y asistencia social, así como el acceso a cuentas bancarias. También pueden perder la propiedad o posesión del inmueble que habitan, ya sea porque estaba registrado a nombre de la persona víctima directa de la desaparición o porque no tienen los recursos suficientes para pagar la renta o el crédito hipotecario.
Finalmente, otra de las problemáticas que deriva de la desaparición es que ésta puede provocar rupturas y enfrentamientos al interior de las familias. La convivencia sufre y las familias se separan. Esto se puede entender como una especie de desintegración familiar originada por la desaparición. Las familias también sufren por otros problemas. Algunas temen que al buscar a su familiar algo malo les puede pasar o bien reciben amenazas directas, indirectas o derivadas del contexto para desistir de la búsqueda.
Con todo lo anterior, se hace evidente la necesidad de contar con instrumentos legales y estructuras institucionales que resuelvan o aminoren estos problemas, así como que impulsen el efectivo ejercicio de los derechos de las familias de las personas desaparecidas.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) publicó una investigación respecto de las afectaciones a los derechos económicos y sociales que sufren los y las familiares de las personas desaparecidas en Veracruz2 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (2020). Las vulneraciones a los derechos económicos y sociales (DES) de los familiares de las personas desaparecidas en Veracruz. Consultable en: https://imdhd.org/wp-content/uploads/2020/07/UNA-REALIDAD-INVISIBILIZADA-2020-.pdf. Este estudio contó con la participación de familiares de personas desaparecidas en Coatzacoalcos, Orizaba, Xalapa y Poza Rica. Gracias a esto podemos apreciar un panorama general sobre lo que sucede en Veracruz y podemos suponer que las víctimas de desaparición comparten estas características en otros estados de la República.
Fuente: Elaboración propia
En la Figura 1 presentamos un esquema de lo que ha dicho tanto la Relatora Especial sobre pobreza y derechos humanos de la ONU, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU respecto del vínculo que existe entre pobreza y el fenómeno de la desaparición. Las personas en situación de pobreza o extrema pobreza son más vulnerables a sufrir este tipo de delitos en su esfera jurídica. Además, la pobreza es en sí una causa y una consecuencia del fenómeno. Es causa en tanto las personas en esa situación tienen más probabilidades de que les ocurra este tipo de delito; y consecuencia, en tanto después de ocurrido el delito existe una gran posibilidad de que sus ingresos se vean disminuidos y que las personas caigan en situación de pobreza. También el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha señalado “su preocupación por las dificultades encontradas diariamente por los familiares y allegados de las personas desaparecidas en el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales”3Informe E/C.12/MEX/CO/5-6 de abril de 2018. El Informe también señala: “44. El Comité recomienda al Estado parte asegurar que el acceso e implementación de los programas de apoyo a los familiares y allegados de las personas desaparecidas se realice evitando la revictimización de los beneficiarios. Asimismo, le recomienda que las medidas de apoyo y protección sean determinadas e implementadas en consulta con los beneficiarios a fin de garantizar que respondan a sus necesidades y les asegure el disfrute efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.”.
Fuente: Elaboración con datos del IMDHD (2020).
El estudio realizado en Veracruz muestra evidencia de que esto les ocurre a las familias. Como se puede apreciar en la Figura 2, la gran mayoría de las familias se encontraban en situación de pobreza cuando ocurrió la desaparición de su ser querido4El dato para asignar a una familia por encima o por debajo de la línea de pobreza es el del CONEVAL. Una familia de cuatro personas se encuentra en situación de pobreza si posee un ingreso menor a 11,290.80 pesos al mes. .
La situación de pobreza de las familias se agrava con la desaparición. Esto puede suceder, como veremos con los testimonios de los conversatorios, porque la persona desaparecida era la proveedora del hogar.
Fuente: Elaboración con datos del IMDHD (2020).
Además, es importante recalcar que la desaparición impacta de forma especial a las mujeres. Si bien la enorme mayoría de las personas desaparecidas en el país son hombres, las mujeres (madres y esposas) son quienes se dedican a su búsqueda. Esto puede impactar en el aumento de la pobreza porque usualmente estas mujeres que se dedican a la búsqueda no tenían un trabajo no remunerado. Por el contrario, la desaparición parece afectar menos a los hombres. El citado estudio muestra que de las 9 personas que manifestaron que su situación económica no cambió luego de la desaparición, tres eran hombres. Esto tiene que ver con lo que el estudio llama “la feminización de la búsqueda” (Ver cuadro 1).
Las mujeres en su gran mayoría son quienes se dedican a labores de búsqueda y localización. Si bien no decimos que los hombres no llevan a cabo este tipo de tareas, sabemos que hay una enorme cantidad de mujeres que lideran estos movimientos, no solo en México sino en toda América Latina. Y esto no es solo en referencia al problema actual de desapariciones, sino que lo han hecho de forma histórica.
En el estudio realizado con familiares de Veracruz las víctimas eran hombres en un 91 por ciento de los casos. Sin embargo, al determinar el sexo de las personas que se dedican a realizar actividades de búsqueda el porcentaje es de 88 por ciento de mujeres contra 12 por ciento de hombres.
¿Pero por qué se da esta feminización de la búsqueda? ¿Qué hace que sean las mujeres las que salen a realizar actividades de búsqueda? Las entrevistas y encuestas parecen mostrar algunas hipótesis. En primer lugar, las ocupaciones de las mujeres parecen mostrar que se dedican a labores con horarios más flexibles. El 64 por ciento de las encuestadas manifestó que se dedicaba primordialmente a labores del hogar, y el 36 por ciento reflejan otro tipo de actividades: vendedoras por catálogo, vendedoras de ropa usada, vendedoras de artículos del hogar, trabajadoras del campo, meseras, y profesionistas. Vemos con esto que la mayoría de las mujeres familiares encuestadas tienen una vida laboral alejada del trabajo formal. Esto les puede permitir desempeñar sus tareas de búsqueda y localización, pues no están sujetas a que exista un patrón o patrona que determine o exija su presencia constantemente en el trabajo.
Algo que la investigadora Paula Cuellar manifestó en los conversatorios, es que veían que al ser las mujeres quienes primordialmente se dedicaban a labores de búsqueda y localización de sus familiares, con eso se convierten en depositarias de la información y la memoria. Ellas se vuelven “archivos vivientes” de la información que les han sucedido a sus familiares, y quienes pueden transmitir esa información a generaciones futuras.
La afectación a los ingresos por la desaparición se pueden inferir con otras respuestas. Otra pregunta de este estudio fue si la persona desaparecida era el principal sostén económico de la familia. Un 59 por ciento de los encuestados manifestaron que sí (y un 38 por ciento que no). En el mismo sentido, se preguntó si después de la desaparición otro miembro de la familia tuvo que asumir el rol de principal proveedor. El 76 por ciento manifestaron que sí, y sólo el 16 por ciento que no. Según Paula Cuellar esto apoya el dicho de las familias de que a raíz de la desaparición se dan procesos de desintegración familiar porque otros miembros tienen que salir a trabajar para sostener a la familia5Además de las 108 encuestas que proveen de información cuantitativa, el IMDHD realizó 8 entrevistas cualitativas que dan ejemplos de cómo ocurren estos procesos de desintegración..
En la Tabla 1 resumimos los resultados del estudio. Las respuestas de los encuestados parecen confirmar la hipótesis de que la pobreza es causa y consecuencia de la desaparición.
SI: 69%
NO: 29%
SI: 90%
NO: 8%
SI: 59%
NO: 38%
SI: 76%
NO: 16%
SI: 77%
NO: 19%
SI: 80%
NO: 14%
SI: 37%
NO: 40%
SI: 51%
NO: 33%
SI: 49%
NO: 47%
SI: 23%
NO: 50%
SI: 92%
NO: 7%
SI: 66%
NO: 29%
SI: 47%
NO: 49%
SI: 40%
NO: 59%
SI: 39%
NO: 60%
SI: 81%
NO: 18%
SI: 67%
NO: 29%
SI: 44%
NO: 56%
SI: 41%
NO: 47%
Este estudio ejemplifica lo que las personas expertas señalan respecto de la vinculación entre pobreza y el fenómeno de la desaparición. Las familias que sufren la desaparición de una persona, muchas veces de quien fungía como principal proveedor de la familia, se ven sometidas a procesos de desintegración familiar, tienen que renunciar al trabajo para dedicarse a tareas de búsqueda y localización, tienen que desplazarse forzadamente o emigrar por temor a sufrir represalias, amenazas o persecuciones, y también pueden llegar a perder medidas de seguridad social u otros derechos.
Además, las familias se enfrentan a otros problemas que agudizan su situación. Por ejemplo, a la realidad de que la justicia no es gratuita. Los costos indirectos de esa justicia “gratuita” también calan en los ingresos. Las familias tienen que sacar fotocopias, transportarse hasta el lugar donde se encuentra el juzgado, contratar abogadas y abogados, etc; todo esto tiene un impacto significativo en la economía familiar. También las familias son muchas veces víctimas de delitos relacionados con la desaparición. El ejemplo más claro son las extorsiones. Las familias usualmente caen víctimas de personas que les prometen que su familiar será devuelto a cambio de cierta cantidad de dinero.
Un último factor son los gastos de manutención de los familiares afectados. Por ejemplo, en este estudio, una pareja que buscaba a su hijo narró cómo a pesar de que su hijo ya vivía con otra familia y su desaparición no les acarreaba una carga económica, se tuvieron que hacer cargo de los nietos, de mantenerles y darles estudio.
Al pensar en las afectaciones y violaciones a derechos humanos que ocurren alrededor de una desaparición, es usual pensar solamente en las violaciones a los derechos civiles y políticos. Saltan a la vista las violaciones a la integridad física y psicológica, así como la privación arbitraria de la libertad, y la falta de acceso a una justicia efectiva que enfrentan las víctimas y las familias para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de responsables. Sin embargo, existen también violaciones a otro tipo de derechos cuya afectación es, en muchas ocasiones, invisibilizada, como son los derechos económicos, sociales y culturales, tanto de las personas desaparecidas como de sus familias. Por la misma invisibilización, existen muy pocos mecanismos destinados a proteger estos derechos y a reparar de manera íntegra todas las violaciones ocurridas.
Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Normalmente tenemos muy claro que el Estado tiene obligaciones de no hacer, o de abstenerse: estos son los derechos civiles y políticos. Pero hay otras obligaciones, de hacer u obligaciones positivas, y estas son las que surgen de los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado debe actuar para darles cumplimiento o satisfacción, y para esto tiene que asignar recursos suficientes.
Estos derechos se relacionan principalmente con el lugar de trabajo, con la seguridad social, la vida en familia, la participación en la cultura, el acceso a la vivienda, la alimentación, el derecho al agua, la atención a la salud y la educación, entre otros. Todos estos derechos son los que generalmente hablamos al referirnos de los derechos económicos, sociales y culturales. Las familias de las personas desaparecidas también ven estos derechos afectados por el crimen de desaparición, tal como lo estableció el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al examinar los informes periódicos quinto y sexto de México en marzo de 20186Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. E/C.12/MEX/CO/5-6. 17 de abril de 2018..
Pero a pesar de que separamos estos derechos para su análisis, en la realidad estos dos tipos de derechos (civiles y políticos contra económicos, sociales y culturales) no se encuentran separados de manera tajante. Los instrumentos de derechos humanos ya han reconocido su interrelación, interdependencia e indivisibilidad: no se puede aspirar a un efectivo cumplimiento de los derechos civiles y políticos, sin que se cumplan también con los derechos económicos, sociales y culturales. Además, en general, la violación de un derecho económico, social y cultural, implica la violación a un derecho civil y político, y viceversa7La investigadora y especialista Paula Cuellar, ejemplifica este punto con el ejemplo de un río contaminado y el derecho al agua. La violación al derecho al agua, porque un río que nutre de agua a un pueblo está particularmente dañado, afecta el derecho al medio ambiente. No obstante, aparte de esa afectación, también afecta el derecho a la salud de las personas que toman agua de ese río. Y, finalmente, si se afecta el derecho a la salud (el cual es un derecho económico, social y cultural) se afecta el derecho a la vida, porque las personas pueden padecer enfermedades y morir al beber el agua. Así, todos los derechos están interrelacionados entre sí, lo que ocurre también con el fenómeno de las desapariciones..
En otros países ya los Estados han tomado acciones para salvaguardar estos derechos. Por ejemplo, el especialista Boris Hau afirma que luego del Informe Rettig, elaborado al término de la dictadura chilena, surgió en aquel país la ley 19.123. Esta ley otorgó una serie de beneficios a las y los familiares de las víctimas de la dictadura que se pueden considerar como una reparación más integral. Entre estos beneficios se encontraron pensiones concedidas de por vida a las viudas e hijos/hijas de las víctimas. También otorgó un programa de salud para las y los familiares, con el cual pueden recibir asistencia psicológica y médica. Por último, también dio becas para la educación de las y los hijos de las personas detenidas desaparecidas de la dictadura.
El reconocimiento que ha tenido la existencia de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales como resultado de las desapariciones ha sido lento, pues estos derechos a veces se ven como un apéndice y no algo que debería ser de particular relevancia en los casos de personas desaparecidas8Esto ya ha sido estudiado y reconocido por el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, quien lo ha dicho en su Informe Temático sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. En México, la Academia Interamericana de Derechos Humanos ha realizado investigaciones al respecto en Coahuila.. En respuesta a esta invisibilización de las violaciones generadas es que surge la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición (DEAPD) como una de las vías para abordar, prevenir y reparar las afectaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el caso de las desapariciones.
