Por: Edgar Cortéz

Faltan unos cuantos días para que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y termina en medio de la polémica por la reforma al Poder Judicial, controversia que puede dejar de lado otros asuntos claves con grandes pendientes.

El primer gran pendiente es una efectiva reforma al sistema de justicia y no simplemente una reforma al Poder Judicial, necesaria pero insuficiente por completo.

Con niveles de impunidad del 98 por ciento la reforma que requerimos es una dónde las policías municipales y estatales reciban denuncias y hagan trabajo de investigación; fiscalías que tengan planes de política criminal, criterios de priorización para atender los delitos que más afectan a la sociedad e incrementen su capacidad para judicializar; poderes judiciales locales cuyos jueces y magistrados sea seleccionado por concursos públicos y evaluados de manera regular. Además defensorías públicas locales con suficientes abogados, bien remunerados y capacitados para que efectivamente garanticen el derecho a una adecuada defensa, entre otras características.

Este gobierno deja grandes pendientes que de manera indiscutible se vuelven tareas, ojalá prioritarias, para la próxima presidenta

Por supuesto que esa reforma también debe mejorar al Poder Judicial Federal para que se protejan los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. En donde la Suprema Corte no sea el reducto donde los grandes capitales defienden sus privilegios, como puede ser no pagar impuestos o preservar concesiones que afectan a millones de personas.

La reforma al Poder Judicial que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federal, está muy lejos de lo que el país requiere. Con el agravante de la manera en que fue aprobada: echando mano del uso político de la justicia, ofreciendo impunidad a cambio del voto en el Senado, cerrándose al mínimo diálogo y usando de manera arrogante su mayoría.

Otro gran pendiente es contar con la estrategia correcta para llevar seguridad a todo el territorio nacional, particularmente a esas regiones asoladas por la delincuencia de cualquier tipo. La estrategia de “abrazos, no balazos” deja el país con números muy altos en materia de homicidios, de feminicidios, desaparición de personas, extorsión y un largo etcétera.

Hay una urgente necesidad de una estrategia que efectivamente use las capacidades del Estado y articule lo federal, lo estatal y lo municipal; que priorice regiones de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, la Sierra Tarahumara y otras más en donde las personas viven intimidadas bajo la gobernanza criminal, para ofrecer seguridad cotidiana. Incluso tal vez se deba sopesar el poder echar manos de las restricciones previstas en el artículo 29 constitucional.

Parte clave de esta estrategia deberá ser el desarrollo de policías civiles, sobre todo luego del empecinamiento del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. La posibilidad de revertir la militarización de la seguridad es posible desde los estados pero para eso se requiere de un acuerdo político, un plan de largo plazo y recursos para que en un futuro contemos con policías civiles con condiciones dignas de trabajo, capacitadas y efectivamente al cuidado de la seguridad de las personas.

Otro de los grandes pendientes es la atención a la desaparición de personas. El sexenio terminará con más de 115 mil personas desaparecidas pues el gobierno que concluye fue incapaz de detener la desaparición de personas.

¿Nuevo registro de personas desaparecidas?

El gobierno que cierra deja varios pendientes establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley General). El primero tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) que es una herramienta cuestionada por el mismo presidente, quien le contrapuso un censo de personas desaparecidas que igualmente se malogró. Al final del sexenio quedamos con cifras de las que se desconfía y no permite certeza sobre la magnitud del problema.

Otros pendientes son la inexistencia del Programa Nacional de Búsqueda, del Programa Nacional de Exhumaciones e identificación Forense y del Centro Nacional de Identificación Humana y apenas inicia el Banco Nacional de Datos Forenses.

Como se puede ver el Estado mexicano carece de bastantes herramientas para hacer frente a la terrible realidad de la desaparición de personas.

Lo anterior se agrava si sumamos lo que ha pasado con las víctimas del periodo represivo sucedido entre 1965 y 1990. López Obrador creó por decreto presidencial una Comisión de Verdad para investigar el periodo y atender a las víctimas. Uno de los Mecanismo de esta comisión, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) el pasado 15 de agosto presentó, en una reunión ordinaria de la Comisión de la verdad, el informe “Fue el Estado” donde documenta la magnitud de la represión en ese tiempo y los actores políticos y civiles involucrados.

Informe final Fue el Estado (1965-1990)

Al día siguiente el MEH presentó su informe de manera pública, sin embargo hasta la fecha no hay evidencia que la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB haya presentado los resultados al Presidente, quien tampoco ha dicho una palabra al respecto.

Además, hace un año se estableció un programa especial para reparar a las víctimas de este periodo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Al final del sexenio se puede afirmar que esas reparaciones nunca se hicieron.

Resulta paradójico que el Presidente haya firmado un decreto para crear una Comisión de la verdad y al final prefiera ignorar la verdad documentada y deje en completa incertidumbre las recomendaciones de lo que se debe hacer.

Al tema de personas desaparecidas le tenemos que sumar lo sucedido con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues a la fecha seguimos sin saber la suerte de los muchachos. El próximo 26 de septiembre se cumplirán 10 años de esas desapariciones y la pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde están?

Además de todo lo anterior y de que el número de personas desaparecidas no deja de crecer, el gobierna deja el gran pendiente de diseñar una política de prevención de la desaparición de personas.

Estos son algunos de los grandes pendientes que deja este gobierno y que de manera indiscutible se vuelven tareas, ojalá prioritarias, para la próxima presidenta. Lo anterior no significa ignorar los aciertos del actual gobierno y ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum los mantenga y mejore.