Por: Edgar Cortez

El pasado 15 de marzo, en el marco de las acciones de luto por el rancho ubicado en Teuchitlán, las familias de personas desaparecidas pusieron frente a Palacio Nacional el siguiente mensaje: PRESIDENTA: ¿AHORA SI NOS VE?

La pregunta estaba motivada porque después de más de cinco meses que inició el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum nunca había abordado expresamente el tema.

Desde octubre pasado las familias de personas desaparecidas, agrupadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, le solicitaron a la Presidenta una reunión para que las escuche. Ese encuentro no ha sucedido, está detenido en los vericuetos burocráticos de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

Finalmente, luego de meses evadiendo el tema y en el marco del escándalo originado por la localización del rancho en Jalisco, la Presidenta se refiere a las desapariciones y presenta una lista de seis acciones.

El discurso de la presidenta arranca diciendo: Para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional.

Ojalá que este reconocimiento dé paso a acciones efectivas y a una actitud de empatía con las víctimas. Lo que hasta ahora ha estado ausente.

En el mismo discurso presidencial  señala que: Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. 

El reclamo de las familias desde la campaña y a lo largo de estos meses de gobierno, es que se pueda reunir con ellas y escucharlas. Lo que no ha sucedido. Entonces, ¿cómo es que la Presidenta escucha a las familias y conoce sus necesidades?

Revisemos las propuestas formuladas.

1. Decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las búsquedas con evidencias científicas.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de acuerdo con la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema nacional de Búsqueda (Ley general) tiene amplias y numerosas facultades que ha sido incapaz de desplegar por ejemplo, no ha logrado mejorar la calidad de la información del Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas; tampoco cuenta con el Programa Nacional de Búsqueda.

La propuesta de fortalecer a la CNB  tendrá sentido cuándo se precise qué objetivo se busca conseguir con su fortalecimiento pues la estrategia de atención a personas desaparecidas no puede seguir sostenida en  ocurrencias o acciones fragmentadas como ha sido hasta ahora.

¿La CNB será la instancia rectora de una real estrategia nacional de atención a las desapariciones?

2. La segunda propuesta presidencial considera varias iniciativas de reformas.

A) Reformar la Ley general de población para consolidar el Certificado Único Registro Único de Población (CURP) para que sea posible cruzar esa información con todos los registros administrativos.

La iniciativa es pertinente y es una necesidad pendiente desde hace tiempo. Sin embargo hay que preguntar cuánto tiempo llevará concretar este proyecto para que sirva a la localización de las personas desaparecidas.

B) Reformar la Ley general para: Crear la Base Nacional Única de Información Forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal.

La Ley general estableció hace más de siete años la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (artículos del 119 al 127 de la Ley general) y la Fiscalía General de la República anunció que el BNDF inició sus funciones el 29 de mayo de 2023. Este Banco tiene el mismo propósito que la propuesta presidencial, entonces se propone ¿ignorar al BNDF y empezar con otra base de datos?

Parece que no pues de acuerdo con otra de las propuestas.

C) Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana.

Sin embargo las propuestas B y C ya están consideras en la última reforma de la Ley General (13 de mayo de  2022) cuando se determinó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Proyecto que fue cancelado en los hechos por el anterior Presidente y por la Comisionada de Búsqueda.

Esta iniciativa además tiene un serio problema de competencia porque  la información sobre los cuerpos y restos humanos corresponde a las fiscalías y no a la CNB. Además se propone duplicar lo que ya está considera bajo la responsabilidad del BNDF.

D) Reforma de la Ley general para: Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país…

Vale recordar que ese mismo propósito se encuentra en la Ley general asignado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y al Banco Nacional de Datos Forenses que debe sumar el Registro Nacional de Personas Detenidas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, entre otros. Todo lo anterior existe, al menos parcialmente, pero no tiene el resultado necesario.

¿Dónde este la evaluación de lo que existe y la detección de las fallas para considerar que esta otra Plataforma represente una buena alternativa?

3. La tercera propuesta de la Presidenta pretende incorporar a la Ley general nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición.

Es necesario señalar que el Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particular está vigente desde el 16 de julio de 2018. En tanto que el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas fue publicado el 6 de octubre de 2020. Ahí se prevé la búsqueda inmediata y la apertura de carpetas de investigación.

El problema no son la falta de protocolos sino la cultura institucional de simulación, la lentitud y falta de interés

4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal.

Esta cuarta propuesta no tiene sentido pues las familias durante mucho tiempo exigieron que la desaparición fuera tipificada dada la gravedad. ¿Cuál es el sentido de esta propuesta que puede ser regresiva?

5. La quinta propuesta presidencial consiste en: Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todo mecanismo de rendición de cuentas es bienvenido pero además de conocer el número de carpetas, lo fundamental está en que existan avances en las investigaciones pues ese es el gran fallo de las fiscalías.

Desde hace tiempo se acuñó el término de “casos de larga data” que son aquellos que tienen tiempo y no existe investigación alguna, salvo la que logran las familias.

Combatir la impunidad parece requerir de otras propuestas mucho más exigentes.

6. Finalmente,  Fortalecer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Las familias sostienen este reclamo desde hace mucho tiempo. La pregunta es cómo se planea fortalecer y para qué pues esta institución de tiempo atrás se tornó irrelevante por completo.

Hay que reconocer el gesto de la Presidenta al referirse al tema de personas desaparecidas y ojalá efectivamente pase a ser una prioridad de la política nacional.

Llama la atención que las propuestas reiteren lo que ya está en la Ley general o que de plano estén fuera de lugar como equiparar el delito de desaparición al secuestro.

No conocemos el diagnóstico que sustenta lo dicho pero parece pobre y herrado. La Presidenta es la responsable de este mensaje pero no podemos ignorar que su equipo (SEGOB, CNB, CEAV y otras instituciones como FGR) le proporcionó información así como las propuestas presentadas. ¿El equipo de la Presidenta tiene tal grado de desconocimiento o pretenden boicotear su gobierno?

Lo escuchado el día de hoy también manifiesta la falta de escucha y diálogo con las familias y las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en torno al tema.

En el caso del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD) hemos impulsado el proyecto Red Lupa (https://imdhd.org/redlupa/) mediante el cual se ha hecho la evaluación ciudadana de la implementación de la Ley general y de cada ley local en materia de desaparición de personas.

En el documento: Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad, reconocemos que en los últimos años se han creado 76 leyes estatales y se han formado 124 instituciones con competencia en materia de desaparición forzada. 

Se han hecho muchas cosas pero no tenemos resultados satisfactorios y la crisis sigue en pie.

El anuncio de la Presidenta no puede ser la respuesta a las familias, se requiere un diálogo urgente con las familias, con las organizaciones y con otros expertos para que se integre efectivamente una estrategia de atención a las desapariciones acorde con la realidad.