Por Paula Cuellar Cuellar  investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.

El Estado no ha procurado que se garantice el acceso al empleo de los familiares de las personas desaparecidas en condiciones de igualdad, ya que el mismo se ha visto discriminado por el estigma de contar con un familiar desaparecido.

Para visibilizar la indivisibilidad de los derechos económicos y sociales de los civiles y políticos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) ha llevado a cabo un diagnóstico en las regiones del sur y del centro del estado de Veracruz con 87 familias víctimas del delito de desaparición de personas. En éste se han aplicado un igual número de encuestas y se han llevado a cabo 8 entrevistas cualitativas. Las personas que han participado han sido 77 mujeres y 10 hombres. Como parte del estudio, se han analizado los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, a la salud, a la vivienda y a la educación.