Por Paula Cuellar Cuellar  investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.

Las familias de las personas desaparecidas sufren violaciones de sus derechos económicos y sociales al negarles beneficios como el otorgamiento de una pensión, la recepción de salarios sobrevinientes, la garantía de la asistencia social y el acceso a las cuentas bancarias.

En Veracruz los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales frecuentemente son vulnerados a las familias de las personas desaparecidas. Sin embargo, tal situación generalmente no se encuentra visibilizada, pese a que esta situación en muchas ocasiones ubica a las personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema, o agrava las ya existentes. Por otro lado, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que las personas desaparecidas no son las únicas víctimas de ese crimen de lesa humanidad. Conforme a esa normativa legal, también son víctimas sus cónyuges, padres, madres, hijos e hijas y cualquier persona que forme parte de su núcleo familiar. En palabras de esa legislación, son victimas “la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”.