Por Xanny Hernández investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.

Se pueden tener a las y los servidores públicos más preparados, pero si no existen políticas que garanticen la independencia de sus integrantes en su actuar y toma de decisiones, y el respeto a los procedimientos que realizan, no existe una garantía de que las investigaciones serán apegadas al debido proceso.

Desde hace décadas la falta de capacidad técnica y especializada de las y los servidores públicos a cargo de la investigación de los delitos en México ha sido ampliamente cuestionada. La opacidad en la designación e ingreso de quienes integran las Fiscalías y la participación de los y las funcionarias en actos de corrupción abona a la falta de credibilidad social y ha generado mayor desconfianza en su actuación, traduciéndose en lo cotidiano en múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas.