El pasado 15 de diciembre de 2022, se dictaron las sentencias en contra de cuatro personas, quienes fueron señaladas como responsables por la desaparición de Claudia Urucuhurtu Cruz. 

La juez Teresa Quevedo Sánchez, del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León, dictó sentencia de 60 años de prisión para Juan A. H. M., por ser el autor material de los hechos, a Nelci Y. V., y Rolando A. B. a 40 años de cárcel a cada uno como partícipes del delito.

No obstante, en el caso de Lizbeth Victoria Huerta ex presidenta municipal, la juez decidió reclasificar  el delito para sentenciar por  obstrucción en la búsqueda de la Claudia y no por desaparición forzada. En consecuencia  la sentencia es de sólo  4 años y 2 meses de prisión.

Desde el IMDHD, organización acompañante de la familia de Claudia, condenamos la reclasificación por parte de la juzgadora, ya que resulta violatoria a los derechos a la verdad y a la justicia, pues son procesos que re victimizan a la familia. 

La desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos, el propio Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias destacaron en su informe sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención, de acuerdo con la información sobre la visita, hallazgos y primera parte de las recomendaciones, resaltó:

43. El Comité insta al Estado parte a que erradique todas las causas estructurales de la impunidad. Al efecto, el conjunto de las instituciones del Sistema de administración de justicia debe poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan a la desaparición forzada como el paradigma del crimen perfecto.

Se destaca que el caso de Claudia Uruchurtu Cruz, cuenta con una Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y su cumplimiento es obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano, en sus distintas competencias.

Por todo lo anterior, consideramos que esta reclasificación, envía el  mensaje de que la impunidad persiste para quienes recurren a este crímen desde el poder político pues no se debe olvidar que Claudia Uruchurtu documentaba y denunciaba la corrupción existente en la administración municipal.

Exigimos que el Poder Judicial del estado de Oaxaca revise con perspectiva de género, debida diligencia y con base en estándares nacionales e internacionales en materia de Desaparición Forzada el presente asunto y emita una determinación que logre revertir esta reclasificación para aplicar sanciones acordes a la gravedad de la desaparición forzada.

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