Por: Edgar Cortez

El uso político de la justicia sigue vigente hasta el día de hoy y es aprovechado por quien detenta el poder político.

El pasado 26 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y el resultado es que se sigue desconociendo qué pasó con los jóvenes y dónde están. En otras palabras la impunidad prevalece y el sufrimiento de sus familias sigue presente.

Pero esta impunidad es el resultado de una situación estructural y de decisiones políticas.

La realidad es que todo ha fracasado pues finalmente prevalece el uso político de la justicia en favor del poder y en perjuicio de la sociedad.

Lo estructural tiene que ver con que las procuradurías, ahora fiscalías, fueron instituciones modeladas por los intereses políticos para usar la justicia en función de los propios intereses y “resolver” los asuntos legales de acuerdo con la conveniencia del gobierno en turno.

Eso ha tenido consecuencias como fue que nunca se privilegió el desarrollo de capacidades de investigación científicas, sino que lo fundamental era la lealtad para manipular las cosas y construir un resultado al gusto del poder político.

Lo sucedido con Ayotzinapa muestra en qué medida está vigente esta realidad.

La construcción de la «verdad histórica» fue muestra de cómo se buscó adecuar la investigación penal, no a los hechos, sino a la decisión tomada en las más altas esferas del poder político del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para eso se recurrió a la tortura, a la manipulación de videncias, a establecer una narrativa determinada, entre otras irregularidades. Todas fueron decisiones que tuvieron su origen en el primer círculo del poder presidencial.

Conoce más del caso en el sitio web del CentroProdh

Sólo gracias a la permanente exigencia de las familias, al acompañamiento de las organizaciones civiles que propusieron la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al trabajo de éste, fue que se logró mostrar todas las fallas y manipulaciones que se hicieron para montar la “verdad histórica”.

Lamentablemente el fenómeno se repitió con el gobierno que recién concluyó.

En la primera parte de ese gobierno las decisiones apuntaban en el sentido correcto. El regreso del GIEI, el nombramiento de un Fiscal con una razonable autonomía e importante capacidad técnica de investigación, así como disposición de diálogo y colaboración con las familias y organizaciones civiles que les acompañaban.

Pero en la segunda mitad del gobierno de López Obrador las cosas cambiaron y las decisiones políticas prevalecieron.

Se obligó a renunciar al Fiscal Omar Trejo y en su lugar se nombró a uno leal al presidente, se decidió no perseguir a toda la cadena de mando del Ejército que tenía que ver con la desaparición de los estudiantes y el Presidente se erigió como el responsable personal de la investigación.

Las consecuencias fueron la defensa sistemática del Ejército, la negativa de entregar documentos en poder de éste, pocos avances de la investigación y la impunidad como resultado final.

Los grandes pendientes que deja el sexenio en derechos humanos

Además de la distancia con las familias y la permanente descalificación del Presidente de las organizaciones civiles.

Todas éstas fueron decisiones políticas. En este caso para proteger a una institución esencial para el presidente de la República: el Ejército.

Aunque hemos intentado diversas reformas de las instituciones de procuración de justicia, la realidad es que todo ha fracasado pues finalmente prevalece el uso político de la justicia en favor del poder y en perjuicio de la sociedad.

Aquí uno de los grandes pendientes que tenemos como país.