A las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 Seis años sin juicio no es justicia: es impunidad institucionalizada. 

El caso de Andrea no es un asunto aislado. Pone a la luz las diversas violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual cuando buscan justicia en México: demoras excesivas, revictimización, resoluciones contradictorias y fraudulentas, así como decisiones basadas en prejuicios y estereotipos de género. 

Andrea: denunciar no debería costar seis años de lucha

En su proceso, durante seis años se han seguido utilizando razonamientos profundamente preocupantes, como cuestionar que “no hubo suficiente violencia física” ¿Cuánta violencia física sería necesaria entonces? argumentar que “por qué no pidió ayuda”, criterios que ignoran la realidad de la violencia sexual, desconocen cómo opera el trauma y trasladan la carga de la agresión a la víctima en lugar de analizar la conducta del agresor.

Pese a todo lo que se ha avanzado en materia para juzgar con perspectiva de género, algo sigue fallando, la realidad lo demuestra. 

En un análisis impulsado por REDIGE, del Tendedero de la Glorieta de Las Mujeres Que Luchan (2023) de 144 mujeres que denunciaron por el delito de violación, solo 2 iniciaron juicio. 

Al caso de Andrea se suma la existencia de sentencias de amparo contradictorias, círculos sin salida, lo que vuelve aún más necesaria la intervención de la Suprema Corte para brindar certeza jurídica y establecer criterios claros para todo el país. 

Estudios académicos basados en la ENDIREH señalan que solo 8.4% de las agresiones sexuales fue objeto de denuncia o queja, confirmando que la mayoría de las mujeres no acude al sistema porque no confía en él o porque hacerlo implica altos costos emocionales, económicos y de tiempo. 

La urgencia del tema también se refleja en las alarmantes cifras, mujeres sobreviventes que no tienen acceso a la justicia ni pronta ni expedita, y en la mayoría nunca llegan acceder a la justicia: 

• En 2025 se registraron lo equivalente a 56 casos diarios de violación simple y equiparada 
• 1.6 millones de mujeres han sido violadas por pareja y 1.3 millones han sufrido intento de violación. De estas, más de 130 mil corresponde a mujeres de entre 15 y 25 años. 
• 49.7% de las mujeres en México ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. 

Estos datos muestran que el problema no es únicamente la violencia sexual: también lo es la enorme dificultad para acceder a la justicia una vez que se denuncia. 

Andrea ha tenido que dedicar seis años de su vida a intentar que siquiera inicie un juicio. Seis años mientras intenta reconstruir su vida, sanar emocionalmente, enfrentar las secuelas del estrés postraumático y vivir con la incertidumbre de un proceso que no avanza. Ninguna mujer debería cargar con esa doble violencia: la agresión sufrida y el desgaste de un sistema que la obliga a esperar indefinidamente. 

Cuando denunciar implica dedicar años de vida sin garantías de ser escuchada, el silencio deja de ser una elección y se convierte en una consecuencia del sistema. 

La atracción del asunto por parte del Máximo Tribunal es indispensable para que Andrea acceda a la justicia. De lo contrario el sistema la orilla a perder la vinculación a proceso que obtuvo inicialmente, que luego le fue confirmada y que después le arrebataron. De forma relevante, hacerlo también permitirá a la Corte no perder la oportunidad histórica de impactar positivamente la vida de miles de mujeres que han sufrido violación y que podrían decidir denunciar si encontraran una justicia más accesible, pronta y libre de revictimización. 

Este caso no solo trata de Andrea; trata del estándar de verdad, justicia y reparación que puede beneficiar a miles de mujeres. 

El conocimiento del expediente, permitirá a esta Suprema Corte pronunciarse sobre temas fundamentales: perspectiva de género, valoración de pruebas sin estereotipos, plazo razonable, debida diligencia reforzada, recursos efectivos contra sentencias fraudulentas y acceso real a la justicia para víctimas de violencia sexual. 

Por todo lo anterior, las personas, colectivas y organizaciones firmantes solicitamos respetuosamente que este Alto Tribunal vote a favor de la atracción del expediente SEFA 296/2026. 

Frente a una violencia tan extendida y una respuesta institucional insuficiente, la intervención de este Alto Tribunal no sólo es pertinente: es urgente.