IMDHD (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala
Ex integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras
Colectivo Buscadoras de Guanajuato
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila
Integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Conoce sobre la experiencia que han tenido los familiares de personas desaparecidas en distintas regiones de América Latina sobre la DEAPD. En esta ocasión el foco se dirige hacia las personas que están buscando a sus familiares, cuyos derechos han sido violados de múltiples formas y que no han encontrado un cobijo adecuado por parte de las autoridades en la tramitación de los procesos de DEAPD.
Paula Cuellar centró su participación en las afectaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que sufren las familias de las personas desaparecidas, específicamente, presentó una serie de datos derivados de una investigación realizada por el IMDHD sobre los procesos de empobrecimiento socioeconómico que viven las y los familiares después de los hechos de desaparición. Asimismo, hizo especial énfasis en el tema de feminización de la búsqueda como uno de los tantos fenómenos que se presentan con las desapariciones, siendo las mujeres quienes en su mayoría se dedican a las labores de investigación y de búsqueda.
Manuel Farfán introdujo el trabajo que hace su colectivo en Guatemala, respecto de la búsqueda, acompañamiento y actos de exhumación desde hace 28 años, enfatizando que el colectivo trabaja, sobre todo, en recuperación de cuerpos dentro de instalaciones militares. Específicamente, hizo referencia a que para los familiares que forman parte del colectivo no es una opción el declarar la presunción de muerte de las personas desaparecidas, sobre todo si no se han realizado las investigaciones y búsquedas exhaustivas de las cuales se pueda determinar con certeza dicha conclusión.
Santiago Corcuera habló de dos temas fundamentales, el primero relacionado con el desarrollo normativo que ha tenido la figura de la DEAPD a nivel internacional y a nivel interno en México; y el segundo, sobre la importancia del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. Durante su participación, señaló el avance legislativo que se ha tenido para el reconocimiento y prevalencia del principio de presunción de vida en todos los procesos relacionados con desapariciones, específicamente si se trata de procesos tendentes a la protección de los derechos y los bienes de la persona desparecida y su familia.
Ariana Denise enfocó su participación en la experiencia que ha tenido su colectivo en el estado de Coahuila, México, siendo uno de las entidades que sí cuenta con una legislación especializada en materia de DEAPD desde 2019 que les ha permitido iniciar diversos procedimientos ante las autoridades judiciales. Ariana habló sobre los principales efectos que solicitan al tramitar el proceso de DEAPD; dentro de estos efectos se encuentran: garantizar la guarda y custodia de los menores de edad, la suspensión de las obligaciones que pudiera tener la persona desaparecida por créditos hipotecarios o por adeudos de tarjetas de crédito, la calidad de garante que tiene el IMSS frente a los derechos de las personas a continuar con los regímenes seguridad social, etc. Finlamente, hizo especial énfasis en algunos de los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar, que se relacionan sobre todo con el desconocimiento de la figura por parte de las autoridades, y la falta de cooperación de las entidades financieras o de seguridad social y vivienda en la ejecución de las resoluciones.
Alejandra Díaz enfocó su participación en los principales obstáculos a los que se han enfrentado dentro de los procesos de DEAPD en el estado de Guanajuato, sobre todo desde el inicio de la pandemia por COVID-19 que vino a detener la gran mayoría de procesos ante tribunales. Alejandra señaló la dificultad de iniciar el proceso de DEAPD derivada de la falta de ley local, la constante declaración de incompetencia por parte de los jueces civiles y los avances que han tenido a nivel jurídico derivado de la presentación de un amparo por la negativa de otorgar protección judicial sobre esta figura.
María Elena Salazar habló de las dificultades a las que se enfrentan las familias que no tienen un abogado particular, sobre todo por el desconocimiento que tienen de los procesos y la falta de una debida asesoría jurídica. Específicamente, señaló que uno de los principales obstáculos a los que se han enfrentado como familiares y como colectivo, ha sido la extremada dilación del trámite de DEAPD y la lejanía que tienen las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (locales y federales) respecto de estos procedimientos.
Ruth Fierro cerró las participaciones del conversatorio aportando sobre su experiencia en la protección de los derechos y el patrimonio de la persona desaparecida y sus familiares de Chihuahua con base únicamente en la Ley General de Víctimas, antes de que si quiera existiera una legislación que hablara sobre la DEAPD de manera específica. Asimismo, señala algunas de las fallas identificadas en la ley especializada (una vez que fue publicada después de diversos actos de presión e incidencia política), como por ejemplo, que no se reconozca como legitimada para iniciar el trámite de DEAPD a quien haya mantenido una relación afectiva y cotidiana con la persona desaparecida, o que establezca plazos más largos para el trámite del proceso.
