Asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEEAIV)
Asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
Juez de lo Familiar de la CDMX
Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas
Asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila
Asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
La perspectiva de las autoridades también es importante. En este último conversatorio podrás enterarte de algunos de los obstáculos a los que se enfrentan tanto los Jueces y Juezas, como las y los asesores jurídicos de las comisiones de atención a víctimas. Ellas comparten sus experiencias relacionadas con la DEAPD y los conflictos que el desconocimiento de la figura les ha generado en el correcto cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley.
Anahí Córdoba enfocó su ponencia en las experiencias que ha tenido como asesora jurídica de la CEEAIV de Veracruz frente a la figura de DEAPD. Específicamente, hace énfasis en los principales retos que enfrenta al intentar tramitar este procedimiento en representación de las familias, pues se topa con que el órgano jurisdiccional no cumple con los tiempos que establece la ley, o le resuelve el asunto en una forma diversa a la que solicitó originalmente; también se encuentra con dificultades para ejecutar las sentencias, ya sea porque las autoridades administrativas no quieren hacer caso a lo mandado, o bien porque las resoluciones son sumamente vagas y amplias. Asimismo, señala como algo común que las resoluciones no son lo suficientemente protectoras de los derechos humanos de las víctimas.
Enrique Rodríguez Ramírez comenzó señalando que, en el ámbito federal, la institución donde labora ha encontrado especiales obstáculos dentro de los Tribunales durante la tramitación de la DEAPD. Sobre todo, enfatizó en la diversidad de criterios que tienen los jueces y la ausencia de una homologación de éstos; en virtud de ser un proceso aún nuevo, no existen todavía estándares sobre cómo resolver algunas cuestiones, lo que genera que las y los jueces resuelvan con toda la discrecionalidad, algunas veces muy protectora, pero otras veces no tanto. Asimismo, señala la importancia de que los procesos sean efectivamente resueltos con celeridad, algo que a nivel federal no ocurre con frecuencia.
Mirsha Rodrigo León Carmona se enfocó principalmente en hablar sobre el contenido de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas para la Ciudad de México, las personas que se encuentran legitimadas para promover una solicitud, las consideraciones que se deben tener cuando las víctimas pertenecen a alguna comunidad o pueblo indígena, los efectos mínimos y cada paso del proceso ante las y los jueces civiles.
Faustino Gutiérrez centró su participación en las experiencias que como Juez Federal ha tenido en la resolución de asuntos relacionados con la DEAPD, sobre todo, mencionó los obstáculos a los que se ha enfrentado con otras autoridades para la publicación de los edictos o para el registro del certificado de ausencia. Señala que en sus labores ha intentado ser diligente y cumplir con los términos que marca la ley para, en la medida de lo posible, no superar los 6 meses y, a medida que ha adquirido mayor experiencia en el tema, ha fluido todo con mayor celeridad.
María Elizondo comenzó explicando el rol del CICR en la materia de DEAPD, sobre todo el apoyo que han otorgado para la incidencia a nivel legislativo. Posteriormente, señaló los retos a los que se enfrentan las organizaciones, colectivos y víctimas durante los procesos legislativos de DEAPD a nivel estatal en México, específicamente respecto del hecho que muchas entidades aun no cuentan con su ley especializada en DEAPD. Y, finalmente, profundizó en el tema de los avances que desde el CICR se han presenciado en las entidades federativas, sobre todo algunas de las buenas prácticas identificadas.
Luis Efrén se enfocó en abordar los principales retos que enfrenta la garantía de los derechos de personalidad jurídica con base, tanto en las legislaciones de DEAPD, como en las legislaciones civiles que contemplan la presunción de muerte y la declaración de ausencia. Señaló que al inicio de la entrada en vigor de la Ley de DEAPD de Coahuila se produjo una importante movilización en contra por parte de empresas privadas que señalaban la inconstitucionalidad de la norma, lo que obstaculizó en gran medida los casos que se tramitaron en esos primeros momentos. Asimismo, hizo énfasis en la importancia que tiene la participación estratégica de las instituciones de protección a víctimas y a derechos humanos (CEAV, defensoría pública, etc.) para la tramitación de estos asuntos. Finalmente, cerró su ponencia señalando la necesidad de capacitación en materia de DEAPD para todas las autoridades, así como la necesidad de que las y los jueces asuman el papel que les corresponde en cada una de las instancias para una efectiva protección judicial.
Karla Carrillo dio cierre al conversatorio puntualizando el papel que se tiene desde la CEAV en la tramitación de los asuntos de DEAPD, que van desde otorgar información completa a las familias sobre los efectos, la duración, el proceso, etc., hasta los obstáculos a los que se enfrentan con la diversidad de criterios que existen dentro de los juzgados y, por tanto, varía mucho la resolución de un juez a otro.
